Chihuahua.- Luego de que solicitaran la información de la nómina secreta ante la Secretaría de la Función Pública, el comité de transparencia de Morena destacó la ausencia de información pública ante el desfalco que se realizó por parte del ex gobernador César Duarte, donde se involucró la presidenta municipal con licencia María Eugenia Campos Galván y el secretario del Ayuntamiento César Jauregui Morena.
Así lo dijo hoy el abogado Óscar Castrejón al señalar que en el actual proceso penal en contra de la virtual candidata el PAN a la gubernatura, por su implicación en “la nómina secreta”, al haber recibido recursos públicos por orden del ex mandatario, y el entramado que se vislumbra de influyentísimo entre su defensa jurídica y el Poder Judicial, han logrado aplazar la audiencia vinculatoria y buscan la prescripción del delito.
Informó que la directora General de Investigación y evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública María Antonia Arreola Valenzuela, indicó que tan solo entre 2014 y 2015, la Secretaría de Hacienda entregó 172 millones 633 mil 330 pesos a 34 personas, en un modus operandi donde en cheques endosados para su cambio a través de una empresa de traslado de valores, pero hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de todas esas 34 personas.
Respecto a las investigaciones y proceso de Campos Galván y Jauregui Moreno, dijo que la información de la Función Pública refiere que de las 34 personas que recibieron los recursos públicos, solo 14 eran parte del Ejecutivo Estatal, investigaciones que fueron procesadas ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, sobre ellos como ex legisladores, la Función Pública no tiene facultades, así como tampoco para investigar el motivo por el que se está violentando el proceso penal al diferir por más del tiempo establecido la audiencia de vinculación de los acusados.
Castrejón manifestó que es necesario que los chihuahuenses conozcan los delitos por los que se le acusa a Maru Campos, ante la intentona de la defensa para caducar el proceso penal con la prescripción de los delitos, misma estrategia utilizada en el caso del Aeroshow, donde al inicio del gobierno de Javier Corral se prescribió el delito y los acusados lograron impunidad.