Estamos analizando a profundidad la situación que se ha presentado en torno a la designación del auditor superior del estado, sobre todo porque el tema tiene dos aspectos importantes de fondo; la legalidad en el proceso de elección y la legitimidad de la persona que ejercerá un cargo tan importante.
El documento “Fe de erratas” enviado por el IEE un día después de la Sesión donde se realizó la elección de Ignacio Rodríguez Bejarano como auditor, en el cual se informó sobre un error en las constancias que reflejó la inelegibilidad del candidato representa un problema legal y de legitimidad para un puesto tan importante como es la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.
En este escenario, al interior del Congreso estamos analizando las implicaciones jurídicas, considerando también las observaciones enviadas por el titular del Ejecutivo, las cuales fueron turnadas a la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales y también se tendrá en consideración la solicitud de amparo de Manuel Siqueiros ante los juzgados federales.
Actualmente la ciudadanía exige acciones congruentes, en base a transparencia y certeza jurídica para confiar en el desempeño que tendrán las personas dentro de la función pública, particularmente en el área encargada de auditar las finanzas públicas y el actuar de las personas en el servicio público del Estado.