CONSUMMATUM est, después de tantos dimes y diretes al fin se renovó la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ayer fue elegida por mayoría la todavía militante panista Ada Miriam Aguilera Mercado, quien luego de rendir la protesta ante unos llenos algarabía diputados y prianistas y unos vencidos morenistas, sin pena ni mucho menos admitió que su corazón sigue siendo azul y que si bien según desde 2019 ya no está en niveles de dirección, sigue siendo militante activa. La pregunta es ¿ese voto 22 a favor de Aguilera, de la diputada Rosana Díaz era lo que esperaban para llevar a cabo la votación, eran las condiciones que muchas veces el presidente del Congreso Guillermo Ramírez dijo que no se tenían? Quizá por eso la diputada ahora no necesitó salirse al baño para votar en contra de su bancada y de los principios de la 4T que tanto dice defender. La pregunta también seria ¿en qué otras votaciones será el voto 22? Lo cierto es que aunque tenga por primera vez a una mujer al frente, como lo presumió el diputado Alfredo Chávez, la CEDH no deja de ser un simple trámite que hasta ahora no ha cumplido para lo que fue creada, y se dedica más a realizar pláticas y coleccionar quejas que no llegan a nada, así como a proteger ex gobernadores acusados de robo y más, y a no tocar a los gobernantes ni con el folio de alguna recomendación real y útil.
POLICÍAS de la Fiscalía General del Estado son señalados por allanar una vivienda, golpear a sus ocupantes y despojarlos de pertenencias. Hasta ahí, una acusación gravísima. Pero el dato que termina de reventar la credibilidad institucional es otro: la unidad utilizada en el operativo, una Toyota Tacoma, estaba asegurada por reporte de robo y bajo resguardo oficial. Es decir, evidencia del delito convertida en herramienta para delinquir.
No es un descuido administrativo, es una cadena de irregularidades que apunta directo a la permisividad interna donde César Jáuregui Moreno, en su carácter de fiscal general del estado, permite todo, pues él anda encampañado.
Un vehículo que debía permanecer inmovilizado aparece circulando en un presunto operativo ilegal. Alguien autorizó, alguien facilitó o, peor aún, nadie controló. En cualquiera de los escenarios, la Fiscalía queda exhibida.
La reacción oficial tampoco ayuda. Un comunicado, la apertura de una carpeta de investigación y el envío del caso al Órgano de Control Interno. El manual completo de contención de crisis. Pero en el terreno, donde ocurrieron los hechos, los agentes señalados ni siquiera se han presentado. La investigación arranca coja desde el primer paso.
El silencio sobre la utilización de la unidad asegurada es todavía más delicado. No hay explicación, no hay postura, no hay intento de deslinde. Y cuando la autoridad calla frente a un señalamiento así, no transmite prudencia: transmite complicidad o incapacidad.
Aquí no se trata solo de castigar a unos elementos. El fondo es mucho más incómodo: una estructura que permite que bienes asegurados salgan de resguardo, que agentes operen sin control y que las denuncias avancen más rápido en el papel que en la realidad.
Si la Fiscalía no puede garantizar el control de lo que decomisa, mucho menos puede garantizar el control de quienes portan su insignia. Y cuando eso ocurre, la línea entre autoridad y delincuencia deja de ser delgada: simplemente desaparece.