Chihuahua.- El cobro de cuotas discrecionales a los desarrolladores de obra pública, ya no era un secreto a voces en el Estado. El funcionario público exigía la mochada, el diezmo o la tajada a los constructores para que se le asigne una obra.
“En los últimos años fue un descaro”, señaló Arturo Dávila Dozal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua.
El empresario indicó que los funcionarios exigían un 25% de las ganancias a los constructores a fin de asignarles contratos, y que en cada sexenio llegaban entre 10 y 15 constructoras “golondrinas”.
Dávila Dozal señalo que el ejemplo claro de esta corrupción ocurrió en el sexenio anterior donde se favoreció a cierta constructora, y ahora en este nuevo gobierno se está puliendo el padrón de contratistas de Gobierno del Estado que existe desde hace tiempo y regula o sintetiza la documentación que debe de presentar una constructora para entrar a una licitación y la cual se renueva anualmente. Dicho padrón es controlado por la Secretaría de Obras Públicas, dependencia que revisa la revalidación o nueva inscripción de un constructor.