PARECE que la denuncia sobre la falta de aire acondicionado en el Hospital Infantil del Estado no era un caso aislado, sino apenas la punta de un iceberg que comienza a dejar al descubierto una realidad incómoda: cuando fallan los servicios básicos en las instituciones públicas, quienes terminan pagando las consecuencias son los más vulnerables.
Tras la publicación de las quejas provenientes del Hospital Infantil, comenzaron a surgir nuevos testimonios de padres de familia y trabajadores que señalan problemas similares en otros espacios destinados al cuidado de menores. Ahora, las miradas apuntan hacia la Guardería 0001 del IMSS, donde denuncian que el sistema de refrigeración es prácticamente inexistente pese a las temperaturas extremas que se registran en la ciudad.
La queja no gira alrededor de una simple incomodidad. Hablamos de bebés y niños pequeños que pasan varias horas al día en instalaciones donde el calor se vuelve sofocante. Menores que no pueden levantar la voz, presentar una denuncia o exigir mejores condiciones. Lo único que pueden hacer es llorar, sudar y soportar temperaturas que ni siquiera muchos adultos toleran.
Lo más indignante es que, según los denunciantes, hace tiempo se anunció la instalación de un equipo de refrigeración que quedó a medias. Como suele ocurrir en muchas obras gubernamentales, parece que la foto sí se tomó, pero el trabajo nunca se terminó. El aparato está ahí, como monumento a la simulación, mientras las salas permanecen calientes y los pequeños resienten las consecuencias.
Y mientras las áreas donde permanecen los niños parecen hornos, las oficinas administrativas y de dirección sí cuentan con minisplit funcionando. Es decir, el fresco llega hasta donde están los escritorios, pero no necesariamente hasta donde están los bebés.
Al final, los funcionarios llegan a oficinas frescas, los directivos trabajan bajo el aire acondicionado y los encargados presentan informes donde todo parece funcionar. Los que siguen esperando una solución son los niños. Los mismos que no votan, no protestan y no convocan ruedas de prensa. Quizá por eso los olvidan tan fácilmente.
HAY historias que se cuentan en voz baja en los pasillos policiacos, pero que tarde o temprano terminan saliendo a la luz. Una de ellas ocurrió cuando un grupo de agentes estatales fue interceptado por sicarios en la sierra, bajado de sus unidades, interrogado y sometido a tablazos hasta que terminaron soltando nombres, versiones y culpas ajenas para salvar el pellejo. Salió a relucir un mando apodado ‘El Wuacho’.
En aquel momento el asunto quedó como una anécdota vergonzosa que nadie quiso profundizar. Un episodio que exhibía una realidad incómoda: la autoridad siendo sometida por quienes supuestamente combate. Bastó señalar a mandos, repartir responsabilidades y dejar que el tiempo enterrara el escándalo.
Pero los fantasmas siempre regresan.
Ahora vuelve a aparecer el mismo apodo en una llamada interceptada entre un líder criminal y un mando estatal. El mismo sobrenombre reaparece después en una narcomanta junto a otros nombres de policías. Demasiadas coincidencias para ser ignoradas y demasiado ruido para fingir que no pasa nada.
La destitución temporal de un mando mientras es investigado puede ser un primer paso, pero no resuelve la pregunta de fondo. Lo preocupante no es solamente si un policía es inocente o culpable. Lo preocupante es que cada vez que surge una manta, una llamada o una filtración, la confianza ciudadana recibe otro golpe.
Porque cuando los delincuentes parecen conocer mejor los movimientos internos de las corporaciones que los propios ciudadanos, la sospecha deja de ser un rumor y se convierte en una sombra permanente.
Y mientras las investigaciones avanzan con el clásico ritmo burocrático, la incertidumbre sigue creciendo. En Chihuahua ya no basta con decir que todo está bajo control. La gente quiere saber quiénes combaten al crimen y quiénes simplemente conviven con él.
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