EN medio del proceso de candidaturas para jueces y magistrados en el estado, ha salido a la luz un polémico antecedente de muchos aspirantes entre ellos, Gerardo Navarrete, aspirante a juez penal, quien fue detenido en 2024 por el delito de fraude de cuantía mayor en el estado de Coahuila.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, Navarrete fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la ciudad de Delicias, tras un operativo coordinado con autoridades de Coahuila. La orden de aprehensión había sido girada el 12 de septiembre de 2024, y su detención se llevó a cabo el 10 de octubre del mismo año.
El delito por el que fue acusado involucró un fraude significativo, lo que generó su traslado al estado de Coahuila para ser puesto a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. Este antecedente pone en entredicho su candidatura y ha generado cuestionamientos sobre los filtros en el proceso de selección de aspirantes.
La revelación de este caso ha encendido el debate público, exigiendo mayor transparencia y rigor en la evaluación de los perfiles de quienes aspiran a ocupar cargos clave en el sistema judicial del estado.
LOS accidentes, las mordidas, los casos de corrupción y la ineficiencia han llegado a un límite dentro de la Subsecretaría de Movilidad, mejor conocida como Vialidad, que dirige el tachado de misógino César Komaba.
Este personaje, quien presume estar “amarrado”, ha demostrado ser un lastre para la dependencia. Hoy nos damos cuenta de que ni el propio Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, lo ha querido dentro de sus filas, pero ni él puede quitarlo.
Komaba ya no se preocupa por ocultar sus malas prácticas. Se ha convertido en un verdadero descaro, siendo señalado como el responsable de una cobradera de cuotas al interior de Vialidad. Los acosos, las rotaciones arbitrarias y la falta de regulación son moneda corriente. En la Policía Vial, los que realmente mandan son los comandantes, quienes quitan y ponen a su antojo, sin que exista un control claro o una estructura que regule sus decisiones.
Todo esto ocurre a pesar de la presión constante de empresarios y sectores políticos que, hartos de la situación, exigen la salida de Komaba. Piden que, sin más excusas, se le remueva de la dependencia, ya que su permanencia solo perpetúa un sistema de corrupción e ineficiencia que afecta gravemente a la ciudadanía.
DENTRO de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la disputa por la rectoría está más viva que nunca. Los directores de las diversas facultades parecen estar convencidos de que están destinados a tomar las riendas de la alma mater, aunque el momento aún no ha llegado. La situación ha provocado cierto malestar entre quienes operan en el entorno universitario y respaldan al actual rector.
Las aspiraciones desmedidas de algunos de estos directores han alterado el clima en la universidad, creando tensiones innecesarias. Ante este panorama, se ha girado la instrucción de frenar cualquier intento de adelantar los tiempos y postularse para la rectoría antes de lo debido.
Luis Rivera Campos, actual rector, no ha ignorado este ambiente de especulación. Si bien tiene varios candidatos en su radar, ha optado por pausar todo proceso relacionado con posibles sucesores. Sin embargo, no ha podido evitar que algunos de sus propios pupilos se desvíen de los tiempos y formas establecidas, lo que complica aún más la situación.
Lo que parecía ser un proceso calmado y ordenado, hoy está marcado por la incertidumbre y las maniobras de poder. El rector, consciente de la importancia de mantener la estabilidad en la institución, se ve ante la difícil tarea de frenar la carrera por la rectoría sin perder el control de la universidad. Las tensiones internas continúan y la pregunta es: ¿quién pondrá finalmente orden en este ambiente cargado de ambiciones desmesuradas?