EL martes 17 se llevará a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 184/2023 en el Tribunal de Control del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Hidalgo del Parral, donde aparecen como señalados dos miembros activos del Partido Acción Nacional.
En el proceso aparecen como imputados el funcionario municipal de Parral Arturo Rubalcaba Verdugo y el regidor del Ayuntamiento César Homero Armendáriz Chávez, ambos militantes del PAN y que se encuentran vinculados a proceso por el delito de lesiones calificadas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2022 al interior de un gimnasio, donde la víctima fue atacada por la espalda y golpeada en la cabeza con una barra metálica utilizada para hacer pesas, sin posibilidad de defenderse y presuntamente con la participación de más de una persona.
La agresión fue descrita como directa y sorpresiva, además de haberse realizado con un objeto que podría causar la muerte, y por la mecánica del ataque y la gravedad de las lesiones, se ha solicitado que el caso sea analizado como intento de homicidio en grado de tentativa.
Durante la audiencia intermedia el tribunal revisará diversos elementos de prueba, entre ellos dictámenes médicos, psicológicos y criminalísticos, así como aspectos relacionados con la reparación integral del daño.
Será el órgano judicial el que determine las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso, y mientras tanto, los señalados siguen en sus puestos como si nada.
UN adolescente de 12 años, estudiante de segundo grado de la escuela Secundaria Técnica #27, ubicada en el seccional de Anáhuac perdió la vida al caerle una potería de metal. Según compañeros, la estructura cayó sobre él y le golpeó la cabeza; el menor sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte en el lugar.
Este accidente no es un hecho aislado: es el síntoma de una costumbre peligrosa que se ha normalizado en muchas escuelas públicas. Cada ciclo escolar se repiten discursos sobre la importancia de la educación, pero pocas veces se habla con la misma fuerza de la infraestructura donde estudian nuestros hijos.
La tragedia no se resuelve únicamente con mensajes solidarios ni con promesas de investigación. Porque cuando una portería se desploma, cuando una estructura metálica no tiene mantenimiento o cuando un área deportiva está en condiciones deplorables, no se trata de “mala suerte”. Se trata de omisión.
Durante años, las escuelas han operado con presupuestos limitados, revisiones superficiales y reportes que se archivan sin seguimiento. Protección Civil acude, levanta observaciones, pero ¿quién verifica que se cumplan? ¿Quién garantiza que lo señalado no quede en papel? La cultura del “ahí se va” no puede seguir siendo la política silenciosa en los planteles educativos.
Lo preocupante es que, tras cada incidente, la narrativa institucional suele reducirlo a un hecho “fortuito”. Pero las porterías mal ancladas no son fortuitas. Las áreas deportivas deterioradas no aparecen de la noche a la mañana. Son años de descuido acumulado.
La seguridad escolar no puede depender de la buena voluntad de un director ni del presupuesto que “alcance”. Debe ser una obligación verificable, con responsables claros y consecuencias cuando se incumple.