¿TRABAJADORES bancarios o participantes de un reality show de vigilancia extrema? Una denuncia recibida a Sin Pelos en la Lengua describe un presunto ambiente de hostigamiento laboral en Bankaool, donde, según el testimonio, hasta las visitas al baño, los horarios de comida y las actividades personales de los empleados estarían bajo la lupa de su superior.
En el centro de los señalamientos aparece Rogelio G.C., identificado por la persona denunciante como gerente de Seguridad de Bankaool, quien presuntamente habría convertido la supervisión laboral en un mecanismo de vigilancia e intimidación.
De acuerdo con la queja, la situación se arrastra desde hace aproximadamente un año y afecta a personal relacionado con operaciones en Chihuahua y Delicias.
La denuncia sostiene que se habrían instalado cámaras adicionales enfocadas hacia estaciones de trabajo para observar constantemente las actividades de los colaboradores.
Pero eso no sería todo.
Según el relato, los empleados son cuestionados por sus horarios de entrada y salida, el tiempo que dedican a comer y hasta la frecuencia con la que acuden al sanitario.
Al parecer, según esta versión, el reloj laboral ya no marcaría únicamente las horas de trabajo, sino también los minutos de intimidad.
La persona denunciante asegura que se exige a colaboradores compartir su ubicación en tiempo real y que existiría un programa informático capaz de acceder a información de sus teléfonos celulares.
Estas acusaciones, de comprobarse, abrirían interrogantes sobre privacidad, protección de datos personales y los límites legales de la supervisión empresarial.
La queja también señala que se retiran computadoras asignadas a los trabajadores para revisar información, mientras que cualquier inconformidad podría desencadenar amenazas de despido.
Una cosa es proteger las instalaciones, las operaciones y los recursos de un banco. Otra muy distinta sería utilizar herramientas de vigilancia para intimidar trabajadores o entrometerse en su vida personal.
Y eso apenas sería una parte de la denuncia, pues existen señalamientos que incluyen presuntas amenazas de despido, humillaciones, comentarios hacia trabajadoras y supuestos respaldos desde puestos directivos, donde la cosa podría escalar.
ESCANDALO tras escándalo, y contando del juez penal Juan Pablo Campos López, pues apenas se apaga un incendio judicial cuando ya tiene otro encima. Y lo peor es que, mientras los acusados enfrentan procesos en libertad, las familias de las víctimas se quedan preguntando si la justicia también necesita un brazalete electrónico para que no se les escape.
El juzgador, exregidor capitalino del PAN y uno de los favorecidos en los famosos acordeones de la elección judicial del año pasado, vuelve a colocarse en el ojo del huracán. Y no precisamente por recibir un reconocimiento a su desempeño.
Primero fue el escandaloso caso del choque frente al Hospital Ángeles, donde perdió la vida un adulto mayor y cuyo conductor encuerado, alcoholizado y drogado, terminó beneficiado con una modificación de sus medidas cautelares.
Campos inicialmente dictó prisión preventiva, pero esta no llegó a materializarse en una celda, pues el imputado permaneció hospitalizado. Posteriormente, el juez modificó la medida por resguardo domiciliario, brazalete electrónico y otras restricciones.
¡Vaya diferencia entre una prisión y las comodidades de casa! Para algunos, la justicia parece tener servicio a domicilio.
Y cuando todavía no terminaba de enfriarse aquel escándalo, apareció otro expediente que vuelve a poner a Campos contra las cuerdas.
Ahora se trata de Lorenzo Rafael P. M., de 50 años, detenido mediante orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de un conductor de transporte de personal, ocurrido en la colonia Jardines de Oriente.
Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, Lorenzo habría participado en la planeación del homicidio y posteriormente ayudado a escapar al hombre que disparó contra el chofer dentro del camión, recogiéndolo en una pick-up cuadras adelante.
La Fiscalía anunció su captura, formuló imputación por homicidio calificado dentro de la causa penal 1248/2026 y consiguió inicialmente que se le impusiera prisión preventiva.
Pero la celebración ministerial les duró menos que una promesa de campaña.
De acuerdo con versiones difundidas sobre la continuación de la audiencia, el imputado recuperó su libertad tras la resolución judicial, lo que desató indignación entre familiares de la víctima.
Fuentes conocedoras del caso aseguran que existe un profundo malestar en la Fiscalía, donde consideran que el juez desestimó sus argumentos y dio la razón a la defensa por una controversia relacionada con una declaración que, según los abogados, no fue utilizada por el Ministerio Público. En sí, parece que la Fiscalía integró deficientemente el expediente o el juez aplicó un criterio que merece una explicación pública.
En redes sociales circula incluso una publicación atribuida a una persona cercana a la víctima, donde se acusa al juzgador de presunta corrupción y se cuestiona la liberación del imputado. Se trata de acusaciones que no han sido acreditadas y que, por su gravedad, requieren pruebas e investigación.
Lo verdaderamente preocupante es que el nombre de Juan Pablo Campos vuelva a aparecer en medio de una controversia judicial, con una Fiscalía molesta, familiares indignados y una resolución cuya fundamentación completa todavía no se ha hecho pública.
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