Noticias de Chihuahua.- Con el argumento de que el 27 de julio de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, declaró inválida la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, expedida en 2018 por el Congreso del Estado “únicamente por vicios en el proceso legislativo y no por su contenido”, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Gabriel Ángel García Cantú, retomó tal cual el proyecto sin cambiarle una coma, para crear esta ley que fue polémica en su momento, al haberse aprobado al vapor.
Recordó que la ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de marzo del 2018, posteriormente un grupo de diputados de las diversas fuerzas políticas acudieron a la Suprema Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad por el proceso legislativo que se llevó a cabo para aprobarla, calificándolo como viciado.
En su momento, el ex diputado Jorge Ramírez, a quien se le quiso aplicar la ley luego derogada, dijo en su momento que desde un inicio y por dichos de algunos diputados del propio Congreso, se sabía que era inconstitucional sobre todo por cómo se llevó el proceso de votación, con el famoso y polémico voto ponderado.
La también ex diputada Crystal Tovar, a pocos días de aprobada la ley, también blandió algunos argumentos en contra, más razonados, al decir que la ley se aprobó “sin realizar un trabajo exhaustivo y de análisis jurídico. Toda vez que la ley intenta en algunas ocasiones emular y plagiar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y otras veces, sin justificación alguna opta por no seguir sus principios, protegiendo especialmente intereses ajenos a la justicia y el derecho”.
Aun así, García Cantú destacó que “en la actualidad nuestro estado no cuenta con una ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la que se pueda garantizar el efectivo ejercicio del servicio público, y el fin de esta iniciativa es que se cuente con una ley que sea parte del marco normativo para aplicar el Estado de Derecho, para dar certeza a los ciudadanos de que los malos servidores públicos tendrán consecuencias, ya que el vacío legal que hasta actualmente existe, deja en un estado de incertidumbre a aquellos ciudadanos o a la autoridad misma, que pretenda iniciar un proceso en contra de funcionarios públicos”.