UNA denuncia ciudadana volvió a poner sobre la mesa la confianza que miles de automovilistas depositan diariamente en las gasolineras de Chihuahua. Un cliente aseguró haber sido víctima de un presunto cobro indebido en una estación de servicio de US FUEL, donde, según su versión, la bomba dejó de suministrar combustible antes de completar el monto pagado, aunque el sistema continuó registrando litros y dinero como si el despacho siguiera normalmente.
De acuerdo con el testimonio enviado a este medio, los hechos ocurrieron en la sucursal ubicada sobre la avenida Juan Escutia, esquina con América Latina, cuando utilizó la modalidad de autoservicio para cargar 300 pesos de gasolina.
El denunciante relató que alrededor de los 200 pesos la bomba dejó de enviar combustible, por lo que retiró la pistola del tanque. Sin embargo, afirmó que el contador continuó avanzando hasta completar los 300 pesos programados, registrando litros que, asegura, nunca ingresaron a su vehículo.
Tras percatarse de la situación, informó al supervisor de la estación con la intención, dijo, de advertir sobre una posible falla que pudiera afectar a otros clientes. Sin embargo, aseguró que recibió una respuesta prepotente, pues el encargado rechazó la posibilidad de que existiera alguna anomalía y mostró un comprobante impreso donde el sistema indicaba que la operación había sido correcta.
El ciudadano solicitó que se realizara la prueba de calibración conocida como “litro por litro”, procedimiento que permite verificar si una bomba despacha la cantidad exacta de combustible. Según su versión, inicialmente el supervisor se negó y posteriormente aceptó realizarla, aunque tardó varios minutos en traer la jarra medidora.
El denunciante también afirmó que, antes de la llegada de la Policía Municipal a bordo de la unidad PA-1585, el contenido de la jarra fue vaciado en un vehículo, situación que, a su juicio, alteró una posible evidencia del funcionamiento de la bomba.
“Una mujer que se identificó como gerente de las sucursales US FUEL de la zona, y junto con el supervisor, adoptaron una postura defensiva, alegando que ellos revisan las bombas constantemente. Les reiteré frente a la autoridad que yo no buscaba dinero, un chantaje o combustible gratis, sino que se atendiera el reporte de la bomba defectuosa. Para evitar que el conflicto escalara a mayores, decidí retirarme del lugar”, finalizó la denunciante.
EL sistema penitenciario estatal vuelve a quedar bajo la sombra de la polémica. Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron ante Sin Pelos en la Lengua una presunta red de corrupción que, aseguran, opera desde la dirección de los penales de Chihuahua y que tendría como principal responsable al director del sistema penitenciario, Ricardo Fernández Acosta.
Los denunciantes afirman que es falso que los recursos destinados por el Gobierno del Estado, estimados entre 350 y 400 pesos diarios por interno para alimentación y artículos de higiene, se reflejen en las condiciones de los centros de reclusión. Por el contrario, sostienen que la alimentación consiste prácticamente todos los días en sopa, avena y frijoles, por lo que quienes desean consumir alimentos de mejor calidad deben pagarlos por separado.
A estas quejas se suman presuntos cobros irregulares para permitir el ingreso de visitantes. Según las denuncias, las personas que no son familiares directos deben pagar alrededor de 500 pesos para entrar, mientras que las visitas de pareja no conyugal tendrían costos que van de los 2 mil a los 3 mil pesos.
Las acusaciones también señalan que el dinero recaudado por estos conceptos sería administrado por un contador de confianza del director y reportado diariamente, conformando un esquema de ingresos paralelos al margen de la ley.
De acuerdo con los testimonios recibidos por este medio, dentro de los penales también existiría un mercado clandestino donde, mediante pagos elevados, algunos internos pueden acceder a privilegios, comodidades e incluso a drogas y otros favores especiales.
De confirmarse estas denuncias, el problema dejaría de ser únicamente la corrupción entre custodios o mandos medios para convertirse en un presunto esquema institucional que habría encontrado en las cárceles una fuente permanente de ingresos ilegales.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura sobre estos señalamientos. Las denuncias aquí expuestas corresponden a testimonios de familiares de personas privadas de la libertad, por lo que será responsabilidad de las instancias competentes investigar los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar cualquier conducta fuera de la ley.
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