LO suspendieron, pidieron su baja ante el Consejo de Honor y Justicia y aseguraron que enfrentaría las consecuencias legales por sacar su arma de cargo y realizar detonaciones que terminaron con una mujer lesionada. Seis meses después, todo parece haber quedado en el olvido: el instructor del Instituto Estatal de Seguridad Pública, César Alberto C. R., habría regresado a las filas con un puesto de confianza como escolta de un alto mando policial.
Los hechos que pusieron al agente bajo investigación ocurrieron durante la madrugada del pasado 4 de abril, al exterior de la cantina y taquería La Número 4, donde el elemento sacó su arma de fuego y realizó disparos hacia el piso. Las detonaciones terminaron lesionando a una mujer identificada como Karen, quien habría señalado ser su pareja sentimental.
Tras el escándalo, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informaron que el agente había sido suspendido y que continuaría sujeto a los procedimientos legales internos. Incluso se solicitó ante el Consejo de Honor y Justicia que se analizara su baja de la corporación, debido a la conducta que habría mostrado durante el incidente.
Además del procedimiento administrativo, el caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, debido a la investigación por los posibles delitos de daños, lesiones y lo que resultara. Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantenía abierto un procedimiento interno para determinar su responsabilidad.
Pero seis meses después, el discurso parece haber cambiado. De acuerdo con los señalamientos, César Alberto C. R. ya no solamente habría dejado atrás la suspensión, sino que ahora tendría una nueva encomienda como escolta de Amelio Rogelio Parada, director operativo de Despliegue Policial en la Zona Centro-Sur.
La polémica no es menor. Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal exige a sus agentes disciplina, control y uso responsable de las armas, resulta contradictorio que un elemento involucrado en un incidente de esta naturaleza termine convertido en escolta de un mando operativo. Si ya fue exonerado o si las investigaciones determinaron que no incurrió en responsabilidad, la autoridad debería explicarlo públicamente. Y si los procesos continúan abiertos, también tendría que explicar por qué ya recibió una nueva encomienda.
EN el Sindicato del Personal Administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (SPAUACH), la disciplina parece tener dos medidas: una para los trabajadores de base y otra, mucho más cómoda, para quienes forman parte de la dirigencia sindical.
De acuerdo con los señalamientos, mientras empleados sindicalizados reciben descuentos de un día de salario por no acudir a marchas o reuniones a las que son convocados, integrantes de la dirigencia gozarían de un trato distinto y quedarían al margen de este tipo de sanciones.
La inconformidad crece porque, mientras a los trabajadores que perciben salarios modestos se les toca directamente el bolsillo, los principales integrantes de la estructura sindical tendrían percepciones considerablemente mayores. Según los datos señalados, la secretaria general María Concepción Rodríguez Zendejas tendría un sueldo de alrededor de 42 mil pesos mensuales, misma cantidad que recibiría Berenice Perales, secretaria del Trabajo. 
A esto se suma el señalamiento de que un funcionario sindical en Ciudad Juárez tendría percepciones cercanas a los 46 mil pesos mensuales, cifras que contrastan fuertemente con los ingresos de buena parte de los trabajadores que representan.
El cuestionamiento de fondo es simple: ¿la disciplina sindical debe aplicarse parejo o depende del cargo que se ocupa? Porque si a la base se le exige acudir, marchar y participar bajo amenaza de descuento, lo mínimo sería que quienes encabezan el sindicato estén sujetos a las mismas reglas.
La dirigencia sindical tiene ahora la oportunidad de aclarar si efectivamente existen sanciones diferenciadas, bajo qué reglamento se aplican y cuáles son las percepciones reales de sus integrantes. Porque defender los derechos de los trabajadores pierde fuerza cuando desde el propio sindicato se percibe una posible ley del embudo: lo ancho para los jefes y lo estrecho para la base.