LA protesta terminó, los vidrios rotos quedaron atrás, pero el problema legal apenas podría comenzar para varios participantes de las manifestaciones que dejaron daños en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
De acuerdo con versiones que circulan sobre las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya existiría una relación de personas presuntamente vinculadas con los destrozos registrados el pasado 5 de octubre, e incluso se habla de posibles órdenes de aprehensión.
Entre los nombres mencionados en estas versiones figuran Paulina Bañales Madrid, Diego Sebastián Ramos Vega, Melanie González Lara, Maite Flores Calvo, Diana Laura Muñoz Urquidi, Flor de Liz Luján Ostos, Jesús Gerardo Ramos Ibarra y Eduardo Renova. Su inclusión en estos señalamientos no acredita responsabilidad penal alguna, pero son señalados como los causantes de los destrozos.
Lo que comenzó como una movilización estudiantil podría terminar en los tribunales, donde las consignas, pancartas y discursos tendrán que dar paso a pruebas, testimonios y responsabilidades individuales.
Porque una cosa es ejercer el derecho a manifestarse y otra muy distinta provocar daños al patrimonio universitario. La protesta social está protegida por la ley, pero esa protección no significa impunidad para quienes cometan delitos.
Aunque tampoco se vale que la Fiscalía convierta una investigación en una cacería de estudiantes. Si existen pruebas de daños, que las presente; si hay responsables, que los individualice; y si pretende solicitar órdenes de aprehensión, que lo haga con sustento jurídico y no con listas que circulan entre rumores.
El asunto también pone bajo la lupa a las autoridades universitarias, pues mientras algunos defienden las movilizaciones como parte de la lucha estudiantil, otros exigen que los daños ocasionados a instalaciones públicas no queden sin consecuencias.
Por lo pronto, las versiones sobre posibles detenciones mantienen abierto un nuevo frente de controversia en la UACH.
La Rectoría podrá reparar sus ventanas y paredes, pero la Fiscalía tendrá que demostrar algo más difícil: que sabe distinguir entre manifestantes y responsables de delitos.
Porque en la universidad se puede reprobar una materia, pero en los tribunales no debería reprobarse el debido proceso.
¡HASTA las urnas quedaron bajo sospecha! El escándalo que rodea a un proveedor electoral señalado por presuntas irregularidades financieras alcanzó al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, luego de que su propia presidenta, Yanko Durán, reconociera que el organismo contrató a una empresa vinculada con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, cuyo entramado empresarial ha sido objeto de señalamientos por posibles actos de corrupción.
La polémica tiene también en el centro a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, cuestionada públicamente por su cercanía personal con Hernández Casillas, empresario que ha obtenido contratos para suministrar materiales electorales a distintos organismos del país.
Entre las empresas señaladas aparece Cajas Graf, que obtuvo contratos con el IEE de Chihuahua en 2021 para el suministro de materiales electorales.
Yanko Durán confirmó la relación, pero le echó la culpa a la presidencia del organismo, durante la administración de Claudia Arlett Espino.