SI en Parral alguien pensaba que ya lo había visto todo, parece que la realidad decidió superar cualquier guion de humor negro. Ahora resulta que, según la diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no solo distribuyen agua… también, presuntamente, tienen la extraordinaria capacidad de hacer que los muertos regresen para firmar documentos.
Los señalamientos apuntan directamente contra el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Parral, Jesús Alfonso Márquez Amaya, y más contra Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, a quienes acusa de falsificar firmas para aparentar que ciudadanos han recibido el servicio de agua derivado de los amparos promovidos.
Durante una rueda de prensa, la legisladora exhibió un caso que parece sacado de una película de terror burocrático. Explicó que uno de los ciudadanos amparados, don Luis, supuestamente recibió agua en junio, aunque falleció en mayo.
“Don Luis falleció en mayo y su firma aparece un mes después”, denunció Alma Portillo, dejando una pregunta inevitable: ¿en la JMAS ya inventaron la firma de ultratumba o simplemente creen que los ciudadanos son tan ingenuos como para tragarse semejante historia?
La diputada señaló además que ya suman 36 amparos promovidos por habitantes de más de diez sectores donde el agua potable sigue siendo una promesa incumplida. Mientras en los documentos, según denuncia, aparece que todo marcha de maravilla, en las colonias las familias continúan esperando que de la llave salga algo más que aire.
Como si eso no bastara, el sistema de tandeos se aplica de manera inequitativa, además de exigir atención a los cobros excesivos, ya que numerosas familias denuncian recibir recibos elevados pese a no contar con agua en sus viviendas.
AYER ocurrió una trifulca protagonizada en el ‘Salón Legisladoras’ por la diputada Leticia Ortega Máynez y la activista Mayté Regina Gardea en contra de la conductora Saharet Mendoza —titular del espacio “Alza la voz con Saha”— no es un simple incidente aislado de gritos y empujones; es la radiografía perfecta de una clase política y de un activismo que han convertido el dolor ajeno y las causas justas en un traje a la medida para la conveniencia personal.
Lejos de honrar los principios que tanto pregonan desde sus trincheras —el respeto absoluto a las mujeres, la congruencia y el rechazo frontal a cualquier tipo de violencia—, las involucradas optaron por el peor repertorio del autoritarismo: la descalificación, el amedrentamiento y la censura.
El caso más grave recae sobre la legisladora Leticia Ortega Máynez, quien nominalmente encabeza banderas de protección a las mujeres y combate la violencia digital. Sin embargo, en los hechos, utiliza su posición de poder para exponer públicamente a Saharet Mendoza, un acto ruin que no solo vulnera la labor periodística y ciudadana, sino que la coloca en una situación extrema de riesgo y peligro de muerte.
Osea en el discurso la diputada Leticia legisla y se pontifica sobre la protección de los derechos digitales y la seguridad de las mujeres, y en la realidad, Se opera desde la sombra del curul para exponer a críticas incómodas, aplicando una flagrante ley del embudo: proteger a las aliadas y lapidar a las voces discrepantes.
Por su parte, la actuación de Mayté Regina Gardea evidencia una preocupante deriva en la que el reclamo legítimo de derechos de la comunidad trans es instrumentalizado como un cheque en blanco para la intolerancia y el berrinche político.
Utilizar la etiqueta de transfobia de manera indiscriminada para silenciar cualquier crítica o cuestionamiento desvirtúa una lucha histórica y legítima.
La irrupción en espacios ajenos con el único objetivo de sabotear y exponer a otras mujeres a la agresión callejera demuestra una profunda falta de sororidad.
El recurso final de la protesta —desnudarse parcialmente los pechos dentro de un recinto legislativo al quedarse sin argumentos racionales— es la estampa perfecta de la bancarrota del diálogo: cuando la razón se agota, solo quedan las “chichis para la banda”, según las burlas en todas las redes.
Conclusión: ¿Quién defiende a las ciudadanas?
La congruencia no es un disfraz que se quita y se pone según convenga al cargo o a la consigna; es la base ética de cualquier liderazgo.”
Lo ocurrido en el Congreso no es solo un triste espectáculo de intolerancia; es una advertencia sobre cómo las instituciones públicas y los espacios de representación ciudadana están siendo secuestrados por quienes exigen tolerancia para sus causas, pero ejercen la más brutal intolerancia contra quienes se atreven a cuestionarlos.
Mientras las y los representantes sigan utilizando los derechos humanos como un escudo protector para sus abusos y traumas personales, las ciudadanas de a pie seguirán estando completamente desprotegidas frente a la maquinaria del poder y el sectarismo ideológico.
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