LA bronca por los salarios de los ministerios públicos en Chihuahua llegó a los tribunales y, tras un amparo que favoreció a los agentes inconformes, la Fiscalía de Distrito Zona Centro prácticamente se sacudió el problema de encima.
Alrededor de 40 agentes ministeriales promovieron un amparo para reclamar un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Sin embargo, cuando se buscó conocer qué ocurrirá después del fallo judicial, la respuesta fue que el asunto no corresponde a la Fiscalía de Distrito, sino al área administrativa de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, fue cuestionado sobre la situación de los agentes y sobre las acciones que se tomarían para atender el reclamo, pero la postura fue deslindar la responsabilidad hacia la estructura administrativa de la FGE.
El caso tomó mayor fuerza luego de que la jueza Primera de Distrito, Flor Verenisse Gómez Peinado, resolviera a favor de los agentes quejosos.
Ahora queda en el aire qué hará la autoridad para cumplir con la resolución y, sobre todo, quién se sentará con los ministeriales para atender sus demandas.
Los agentes no están reclamando un bono ni un privilegio: están peleando mejores condiciones salariales y laborales, y tuvieron que recurrir a un amparo para que su reclamo llegara a un juzgado.
LO que debía ser una madrugada de atención médica terminó en violencia dentro de la clínica IMSS 04 Ávalos, donde un grupo de seis personas, presuntamente en estado de ebriedad, habría causado daños y agredido a trabajadores de la institución.
De acuerdo con el reporte a Sin Pelos en la Lengua, alrededor de las 2:10 de la madrugada, seis personas, entre hombres y mujeres, llegaron a la clínica acompañando a una paciente adulta mayor identificada como Clara Alicia M., quien presentaba un cuadro de ansiedad.
El personal de la unidad les solicitó el número de seguridad social y una identificación, documentos que forman parte de los requisitos para recibir la atención correspondiente. La respuesta, según el reporte, fue cualquier cosa menos tranquila.
Los acompañantes se negaron a presentar la documentación y comenzaron a golpear la unidad médica y lanzar ofensas contra trabajadores, entre ellos personal de salud, asistentes médicos y guardias de seguridad.
La situación habría provocado daños materiales en las instalaciones. Para cuando elementos policiacos llegaron al lugar, los agresores ya habían escapado.
Sin embargo, el caso no quedó en el aire. Existe un reporte policial y de tránsito, mientras que las autoridades buscan identificar el vehículo en el que viajaban los responsables: un automóvil color verde azulado con placas EJF-039-A.
Y aquí aparece el verdadero problema: ¿quién protege a quienes todos los días se encargan de proteger y salvar vidas?
Trabajadores del sector salud señalaron su preocupación por la violencia que enfrentan en la clínica, particularmente en el sector sur de la ciudad. No es la primera vez que este medio documenta situaciones de riesgo dentro de la unidad.
En otra ocasión, una doctora fue atacada con un arma blanca presuntamente portada por una paciente molesta por la atención recibida. La trabajadora tuvo que correr por los consultorios mientras pedía ayuda.
Ahora nuevamente trabajadores denuncian agresiones y daños.
Porque una cosa es exigir atención médica y otra muy distinta es llegar bajo los efectos del alcohol, agredir trabajadores y convertir una clínica en campo de batalla.
El personal médico no está para recibir golpes, amenazas o insultos. Está para atender pacientes.
La exigencia de los trabajadores es sencilla: que se les garantice seguridad para poder hacer su trabajo sin tener que preguntarse cada turno si regresarán a casa sin ser agredidos.