En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó la conocida “Ley de Protección de la Vida y la Familia”, norma que tiene por fin endurecer las penas contra el aborto.
La reforma, presentada por diputados Fernando Linares y Aníbal Rojas, generó controversia a nivel mundial, pues contempla sanciones de 2 hasta 10 años de cárcel para mujeres que causen su propia interrupción del embarazo.
Por si fuera poco, La Ley de Protección de la Vida y la Familia también ejerce presión en el personal médico, ya que si ocurriera una muerte por parte del embrión en el vientre de la mujer gestante, este debe dar un informe de mortinato a los interesados y remitir un oficio a donde corresponda.
La iniciativa, conocida como 5272, también contempla sancionar el aborto espontáneo. Es decir, que si la mujer tiene una pérdida espontánea del embarazo, esta deberá justificarlo, de lo contrario, será sancionada.