EN el PAN de Chihuahua ya comenzaron a sacar los pañuelos, pero no precisamente para despedir a César Jáuregui, sino para llorar una crisis interna que amenaza con cobrar factura electoral el próximo año. Lo más irónico es que algunos de los que ahora reconocen el desastre son los mismos que le dieron la espalda a Jáuregui, los mismos que lo traicionaron y lo cambiaron por “Santiago del Dedazo”.
Joss Vega, Alfredo Chávez, Jorge Soto y hasta “La China” Frías han reconocido la crisis que atraviesa Acción Nacional tras el caso Jáuregui, pues están en veremos sus proyectos políticos.
Y es que el problema ya no se limita a quién se queda con la candidatura a la alcaldía. El verdadero riesgo político es que la fractura termine alcanzando al Congreso del Estado y sobre todo a Marco Bonilla, cuyo proyecto rumbo a 2027 podría resentir el descontento de militantes que consideran que su propio partido les dio la espalda.
La contradicción se vuelve todavía más evidente con las declaraciones del primer traidor de Jáuregui llamado Alfredo Chávez, quien reconoce la crisis, llama al diálogo y asegura que están listos para ganar la gubernatura, aunque su soberbia le impida no participar en la manifestación de apoyo a Jáuregui.
Por su parte, Jorge Soto —quien ya se veía despachando como síndico o, de perdida, acomodando en ese puesto a su esposa, también apuntada para el cargo— señaló admitió que el exfiscal no es una figura menor dentro del panismo y que su situación judicial tiene consecuencias políticas. Incluso pidió resolver las diferencias para fortalecer la eventual candidatura de Bonilla.
La amenaza que algunos panistas temen no necesariamente viene de Morena, sino de sus propias filas: militantes inconformes que podrían abstenerse, dividir sus preferencias o recurrir al voto cruzado, respaldando al PAN en una elección y castigándolo en otra.
Ese escenario pondría bajo presión no solamente la candidatura estatal, sino también la continuidad del PAN en la capital, una plaza que sus dirigentes consideran estratégica y que hasta hace poco parecía políticamente segura para ellos.
Y mientras los diputados hablan de unidad y reconciliación, queda una pregunta incómoda: ¿cómo convencerán a los militantes de cerrar filas quienes participaron en las disputas que ahora buscan superar?
De confirmarse una fractura electoral, el harakiri político podría salir bastante caro: perder posiciones, oficinas, presupuestos y hasta el empleo público a partir de 2028.
Por ahora, el arrepentimiento de los dirigentes no está acreditado, pero la crisis ya fue reconocida por ellos mismos. Y en Acción Nacional, antes de saber quién ganará las próximas elecciones, primero tendrán que averiguar si todavía pueden ponerse de acuerdo entre ellos.
YA que estamos en el tema, hasta el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, sabe de un trasfondo electoral en la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno. El pronunciamiento resulta significativo porque no proviene de un compañero de partido de Jáuregui, sino de un legislador de otra fuerza política, quien cuestionó la rapidez con la que actuaron las fiscalías en vísperas del proceso electoral de 2027.
Colosio fue contundente al señalar que la justicia no debe utilizarse para resolver diferencias políticas y advirtió sobre lo que considera un trato desigual entre adversarios y aliados del oficialismo. “Una justicia que elige a quien mirar es una estrategia electoral, nada más que vestido con una toga. Y a algunos meses de las elecciones de 2027, ahora resulta que los calendarios de las Fiscalías ahora sí empiezan a parecerse demasiado a los calendarios de los partidos electorales, de los partidos políticos”, dijo.
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