MIENTRAS el Sanatorio Palmore presume crecimiento, ampliaciones y mejoras en infraestructura, entre sus trabajadores crece una pregunta que hasta ahora parece no tener una respuesta clara: ¿por qué las inversiones millonarias en edificios, equipamiento y expansión no se reflejan también en quienes mantienen funcionando el hospital todos los días?
Nadie puede cuestionar la importancia de modernizar instalaciones médicas. La tecnología, los espacios adecuados y la capacidad de atención son fundamentales para ofrecer un servicio competitivo. Sin embargo, cuando el personal comienza a manifestar inconformidades por salarios estancados, utilidades insuficientes o falta de claridad en las decisiones administrativas, el debate deja de centrarse en los ladrillos y se traslada al factor humano.
Resulta difícil convencer a enfermeros, administrativos, técnicos y demás colaboradores de que deben apretarse el cinturón mientras observan nuevas obras, remodelaciones y expansiones que proyectan una imagen de bonanza institucional.
La verdadera fortaleza de un hospital no está únicamente en sus quirófanos, fachadas o equipos de última generación. Está en las personas que atienden pacientes durante largas jornadas, enfrentan emergencias y sostienen la operación cotidiana. Cuando ese personal siente que su esfuerzo no es recompensado de manera justa, inevitablemente surge el descontento.
Lo preocupante no es solamente la inconformidad laboral, sino la aparente falta de comunicación que denuncian algunos colaboradores. Si existen razones financieras que justifican determinadas decisiones, la administración debería explicarlas con transparencia. El silencio suele convertirse en terreno fértil para la especulación, el rumor y la desconfianza.
Porque al final, ningún edificio cura pacientes por sí solo.
LA comparecencia del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, terminó exactamente como empiezan a cansar a los ciudadanos este tipo de ejercicios: con muchas explicaciones políticas y muy pocas respuestas concretas. Lo que debía ser una rendición de cuentas sobre las omisiones en el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) acabó convertido en un intercambio de culpas donde el principal afectado sigue siendo el contribuyente.
La estrategia del alcalde fue clara: señalar a su antecesor, Armando Cabada, como responsable del problema. Sin embargo, el argumento se tambalea cuando se recuerda que el propio Cruz reconoció que las irregularidades existían desde antes y que durante los primeros meses de su administración continuaron generándose afectaciones millonarias. Si sabía del problema, la pregunta es inevitable: ¿qué hizo para detenerlo?
Más allá de quién inició el desorden, lo que preocupa es quién permitió que continuara. Los señalamientos de los diputados Jorge Soto y Carlos Olson ponen el dedo en la llaga: la comparecencia no aclaró si existen multas, recargos o créditos fiscales adicionales que eventualmente tendrán que ser cubiertos con recursos públicos. Tampoco quedó claro si se presentaron denuncias oportunas contra quienes resultaran responsables.
El caso es particularmente delicado porque no se trata de un error administrativo menor. Hablamos de recursos retenidos a trabajadores municipales y de obligaciones fiscales cuyo incumplimiento puede traducirse en daños directos para las finanzas de la ciudad. Cuando un gobierno deja de enterar impuestos retenidos, la factura siempre termina llegando, y casi nunca la pagan los funcionarios involucrados.
Lo más preocupante de la comparecencia fue que el alcalde pareció concentrarse más en construir una defensa política que en ofrecer una explicación técnica y jurídica sólida. Los juarenses no necesitaban un relato sobre administraciones pasadas; necesitaban saber cuánto se debe, quién es responsable, qué sanciones existen y qué acciones legales se emprendieron para recuperar el daño.
La rendición de cuentas no puede reducirse a señalar al gobierno anterior. Gobernar implica asumir responsabilidades, incluso cuando los problemas son heredados. Si Cruz Pérez Cuéllar tuvo conocimiento de las irregularidades y no actuó con la rapidez y firmeza que exige la ley, entonces la discusión ya no es solamente sobre lo que hizo Cabada, sino sobre lo que dejó de hacer quien llegó después.
Al final, la comparecencia dejó una sensación incómoda: hubo micrófono, hubo discursos y hubo justificaciones, pero faltó lo esencial. Porque cuando las explicaciones generan más preguntas que respuestas, la transparencia deja de ser un ejercicio de rendición de cuentas para convertirse en un acto de control de daños.