Noticias de Chihuahua.- La muerte de dos estadounidenses, uno de ellos identificado como Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y otro como John Dudley Black, de 44, figura entre los datos que rodean el polémico operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde también salieron a relucir hospedajes en hoteles y vehículos rentados.
Richard L. Johnston III falleció el 19 de abril de 2026 mientras prestaba servicio a su país en el extranjero, según la información biográfica proporcionada. Nació en Washington, D. C., el 30 de noviembre de 1990 y se graduó de la Universidad de Virginia en 2013, donde estudió Historia y chino mandarín.
Su formación jesuita le inculcó el principio de ser un hombre al servicio de los demás, una filosofía que, de acuerdo con sus familiares, llevó a la práctica durante su vida.
Por otro lado, John Dudley Black, de 44 años, es señalado como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Originario de San Francisco, California, residió en Spokane, Washington, y habría prestado servicio al gobierno estadounidense en Afganistán durante 2013, como ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines.
Según los datos proporcionados, Black se hospedó en la habitación 2312 del hotel Holiday Inn en Chihuahua. Los registros de estancia mencionados incluyen varios días de octubre de 2025 y un regreso del 21 al 31 de enero de 2026. También aparece una reservación del 14 al 20 de abril, periodo que coincide con el operativo contra el narcolaboratorio.
Asimismo, se señala que el cuerpo de Black fue entregado a su familia el 21 de abril, después de un accidente registrado el 19 de abril en Chihuahua.
A estos elementos se suma que la Fiscalía documentó la renta de dos vehículos Volkswagen Jetta de color gris a la empresa Eurocar, mediante los contratos 81957 y 85272.
El caso cobra relevancia por las declaraciones sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses durante las acciones contra el narcolaboratorio, un asunto que mantiene bajo escrutinio la actuación de las autoridades de Chihuahua y la posible intervención de personal extranjero en territorio mexicano.