EN Chihuahua hay historias políticas que se niegan a morir. Una de ellas es la presunta alianza entre el exgobernador César Duarte y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, una relación que durante años ha sido señalada por diversos actores políticos y que hoy vuelve a cobrar relevancia ante la carrera por la gubernatura de 2027.
Para muchos chihuahuenses resulta difícil ignorar los antecedentes. Las acusaciones sobre el financiamiento de la campaña de Pérez Cuéllar en 2016 mediante recursos vinculados a la llamada “nómina secreta” de Duarte marcaron el inicio de una narrativa política que nunca ha podido ser completamente desmentida en la percepción pública. Desde entonces, la ausencia de críticas contundentes de Cruz hacia uno de los gobernadores más cuestionados en la historia reciente del estado ha alimentado las sospechas sobre un pacto de conveniencia mutua.
Lo más preocupante es que, lejos de tratarse de una relación del pasado, los indicios apuntan a que la estructura política construida durante el duartismo sigue encontrando espacios dentro de nuevos proyectos partidistas. Operadores identificados con aquella administración hoy aparecen cercanos al equipo político del alcalde juarense, ocupando posiciones estratégicas y participando activamente en la construcción territorial de Morena.
El caso de Jaime Enríquez Ordóñez se ha convertido en un ejemplo de esa transición. De haber formado parte de la mafia político priista durante los años de Duarte, hoy es señalado como una pieza importante dentro del grupo crucista. Es pieza clave de la estructura encargada de realizar encuestas y afiliar simpatizantes para el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar enfrenta fuertes cuestionamientos internos por una presunta simulación masiva de registros. Entre las irregularidades denunciadas destacan la inclusión de personas fallecidas, militantes activos del PAN y ciudadanos vinculados a otras fuerzas políticas dentro de los padrones presentados como nuevos afiliados. El señalamiento más delicado apunta a la supuesta utilización del padrón del SNTE para inflar artificialmente las cifras, generando miles de afiliaciones cuya autenticidad está bajo sospecha. De confirmarse estas prácticas, el crecimiento político que presume el alcalde juarense no sería resultado de una verdadera expansión ciudadana, sino de una operación basada en números maquillados que comienza a resquebrajarse bajo el peso de sus propias inconsistencias.
LA polémica generada por una resolución judicial en Ciudad Delicias ha encendido el debate sobre la transparencia, la imparcialidad y la sensibilidad con la que se imparten las decisiones que afectan el patrimonio de los ciudadanos.
De acuerdo con los señalamientos realizados por personas cercanas al caso, un comerciante adulto mayor, quien durante décadas habría desarrollado una actividad económica y generado empleos en la región, enfrenta la pérdida inmediata de varios locales comerciales tras una determinación judicial. Lo que más inquietud ha generado entre quienes respaldan al afectado es la forma en que se ejecutó la resolución, pues aseguran que no se le habría concedido un plazo razonable para retirar pertenencias y reorganizar su actividad.
Las críticas también apuntan a posibles irregularidades en el proceso y a una presunta cercanía entre actores políticos, administrativos y judiciales. Este caso evidencia la necesidad de que las resoluciones judiciales no solo sean legales, sino que además transmitan certeza, confianza y legitimidad ante la sociedad. Dicha decisión ha provocado indignación social y genera sospechas sobre la actuación de las instituciones, la mejor respuesta no es el silencio, sino la transparencia.
La ciudadanía de Delicias busca conocer con claridad los fundamentos de las resoluciones que impactan la vida de sus habitantes. Si existen irregularidades, deben investigarse y sancionarse; si no las hay, corresponde a las autoridades explicar de manera convincente el actuar institucional. La confianza en la justicia se construye con rendición de cuentas, apertura y respeto al Estado de Derecho.
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