DESPUÉS de 40 años, descubren que las personas con discapacidad también existen en Guazapares Y es que lo que en cualquier edificio público debería ser una obligación desde hace décadas, en Guazapares fue presentado como una obra histórica digna de ceremonia oficial, fotografías y discursos. El Gobierno Municipal inauguró una rampa de acceso a la Presidencia Municipal, una infraestructura que debió existir desde que el inmueble fue construido en 1986.
El alcalde Bartolo Moreno Bustillos, acompañado por integrantes de su gabinete, encabezó el evento para celebrar una obra que busca garantizar el acceso de personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida.
La administración aseguró que, durante casi 40 años, el edificio únicamente contaba con escaleras, lo que representaba una barrera para miles de personas que necesitaban realizar trámites en la Presidencia Municipal.
La nueva rampa conecta la Comandancia Municipal con las oficinas de la Presidencia y permitirá el acceso de sillas de ruedas, andaderas, carriolas y cualquier persona que requiera ingresar sin obstáculos.
Sin embargo, el Gobierno Municipal evitó informar el monto invertido en la obra. Aunque trascendió que se destinaron miles de pesos, hasta el momento no se ha transparentado el costo ni el origen de los recursos.
La accesibilidad no debería presentarse como un logro extraordinario, sino como una obligación legal y moral de cualquier autoridad. La verdadera noticia no es que hoy exista una rampa, sino que durante casi cuatro décadas quienes enfrentaban una discapacidad tuvieron que conformarse con ver la Presidencia desde abajo de las escaleras.
HAY casos que nunca terminan de cerrarse, y sobre todo toman relevancia a nivel nacional. Permanecen latentes, esperando un nuevo testimonio para volver a cuestionar no solo a sus protagonistas, sino también a quienes impartieron justicia. Eso ocurre nuevamente con el expediente que llevó a la absolución de Gloria Trevi en 2004, cuyo exjuez, Javier Pineda Arzola, vuelve a estar bajo el escrutinio público.
La controversia resurgió en medios nacionales con Javier Ceriani, donde luego de que Alessia del Bosque, sobrina del exjuzgador y expareja de Patricia González, denunciara públicamente haber sido víctima de presuntos abusos por parte de su tío, además de exponer lo que considera irregularidades dentro del entorno familiar y judicial que rodeó uno de los casos más polémicos en la historia reciente del país.
Según su testimonio, decidió romper el silencio tras escuchar la historia de Marlene Calderón. Relató que Pineda Arzola la agredió físicamente al propinarle una nalgada frente a su esposo mientras se encontraban en un servicio de valet parking. Asimismo, aseguró conocer a otra persona que también habría sido violentada por el exjuez.
La denunciante también hizo referencia a la cercanía de su familia con Gloria Trevi y expresó sus sospechas sobre la actuación del entonces juzgador durante el proceso que concluyó con la absolución de la cantante. Incluso afirmó que no le sorprendería que hubiera existido comunicación entre el exjuez y Sergio Andrade, una declaración que, hasta el momento, no está respaldada por pruebas públicas.
Las acusaciones corresponden exclusivamente al dicho de la denunciante y deberán ser investigadas y esclarecidas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Sin embargo, el impacto de estas declaraciones va más allá del ámbito familiar. Reavivan las dudas sobre un caso que marcó a Chihuahua y recuerdan que, cuando un expediente judicial deja más preguntas que respuestas, cualquier nueva revelación vuelve a poner bajo la lupa la credibilidad de quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de impartir justicia.
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