LA entrega de uniformes y equipo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, terminó generando más preguntas que aplausos. Aunque los policías recibieron botas, camisolas, fornituras, kepis, gorras y demás aditamentos para desempeñar sus funciones, entre los propios asistentes comenzó a circular una frase que resumía el ambiente: “La lámpara se ve rara”.
Y es que, junto con el uniforme, apareció un requisito que no se había solicitado en entregas anteriores: presentar copia de la credencial para votar (INE) y copia del porte de arma para poder recibir el kit completo.
El detalle encendió las alertas entre varios elementos de la corporación, pues, según manifestaron, nadie explicó con claridad para qué era necesaria esa documentación, cuál era el fundamento legal para solicitarla o qué uso se le dará a la información personal recabada.
Las dudas crecieron debido al contexto político que vive el estado, donde el ambiente preelectoral ya comienza a sentirse. Entre los policías comenzaron a surgir cuestionamientos: ¿Para qué quieren la copia de la INE? ¿Quién tendrá acceso a esos datos? ¿Cómo se garantizará la protección de esa información? ¿Por qué ahora sí la piden, cuando antes nunca fue un requisito?
Lo más llamativo fue que algunos agentes se negaron a entregar las copias de sus documentos al no recibir una explicación convincente. La respuesta fue simple: sin documentos, no hubo uniforme ni equipamiento.
La situación deja abierta una discusión que va más allá de la entrega de botas o camisolas. La transparencia también debe aplicarse dentro de las instituciones. Cuando una dependencia pública solicita datos personales de sus propios elementos, está obligada a informar con precisión el motivo de la recopilación, el tratamiento que recibirán esos datos y las medidas para protegerlos.
Porque cuando las reglas cambian de un día para otro, sin explicación y en tiempos donde el clima electoral comienza a calentarse, es inevitable que aparezcan las sospechas. Y como dicen los propios policías, cuando todo parece estar en orden, pero algo no termina de cuadrar… “la lámpara se ve rara”.
LA semana pasada el señor Fidencio C. D., padre de una menor que permanece hospitalizada en en el Hospital Infantil de Especialidades, se suicidó en el albergue del mismo nosocomio. El padre y la hija venían del Centro de Salud de Guachochi, debido que la pequeña estaba muy grave con desnutrición severa y gastroenteritis, por lo que desde su ingreso permaneció bajo atención médica especializada y acompañada en todo momento por su padre. En ese lapso de hospitalización, el padre cayó en depresión, y se colgó en el área de baños del albergue.
Dicha muerte en el albergue del Hospital Infantil de Especialidades también puso sobre la mesa una problemática que, de acuerdo con algunos empleados del lugar, pocas veces se visibiliza: el desgaste físico, emocional y económico que enfrentan muchas familias durante las largas estancias hospitalarias de sus hijos.
Quienes conviven diariamente con estas familias consideran que el acompañamiento psicológico debería fortalecerse, ya que el encierro, la incertidumbre y la necesidad de dejar trabajo, hogar e incluso otros hijos, terminan por afectar seriamente a los padres. También cuestionan que algunos tratamientos se prolonguen durante días y hasta meses, situación que, aseguran, incrementa la desesperación y la carga emocional de quienes permanecen en el albergue esperando que sus hijos sean atendidos y recuperen la salud.
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