UN bar lleno cada fin de semana, pero un local que, según su propietaria, dejó de recibir un solo peso de renta desde 2021. Esa es la historia que expuso Andrea Peña a Sin Pelos en la Lengua, dueña del local 11 de Plaza Isla, quien aseguró que el proyecto “Black Lion” nació gracias a las facilidades otorgadas por su abuelo al entonces emprendedor Héctor Palacios Fong para abrir un espacio dedicado a la música rock. Sin embargo, sostiene que con el paso del tiempo la relación cambió por completo y el negocio dejó de cumplir con sus obligaciones económicas, acumulando un adeudo por concepto de renta que ya supera el medio millón de pesos.
De acuerdo con Peña, además del millonario conflicto por el arrendamiento, el establecimiento también llegó a acumular un adeudo superior a los 50 mil pesos con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, situación que incluso derivó en la colocación de un candado para restringir el servicio, aunque posteriormente habría logrado un convenio con pagos mensuales cercanos a los 300 pesos. A ello se sumarían adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, según la versión de la propietaria.
Andrea Peña afirmó que el arrendatario nunca quiso formalizar contratos y que, con el paso de los años, comenzó a comportarse como si fuera propietario del inmueble, ignorando los requerimientos de pago realizados por los nuevos administradores del local. Asegura que, pese a que el negocio mantenía una importante afluencia de clientes, nunca regularizó la renta ni mostró disposición para liquidar los adeudos acumulados.
La controversia tomó mayor relevancia luego de que Black Lion anunciara en sus redes sociales el cierre temporal del establecimiento por “causas ajenas a nuestra operación”. Apenas seis días después, el bar reabrió sus puertas invitando nuevamente a sus clientes a disfrutar de una noche de futbol, música y el ambiente que, aseguraban, ya extrañaban. Para la propietaria, esa explicación omitió el verdadero conflicto: el incumplimiento en el pago de la renta y presuntas irregularidades administrativas del deudor y propietario de la marca “”Black Lion”, Héctor Palacios Fong.
Peña también sostuvo que el establecimiento opera sin tener todos sus permisos en regla, y varias personas que laboran en el mismo gobierno han manifestado el apoyo de funcionarios para continuar funcionando y apoyando a Palacios Fong. En específico, el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Germán Oliva Jiménez, y al subsecretario de Gobernación del Estado, Salvador Caballero Ramírez, de quienes afirmó que han favorecido al negocio pese a las presuntas irregularidades. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura pública de los funcionarios señalados ni de los responsables de Black Lion respecto a estas acusaciones.
UN narcomensaje acusó que un interno del Cereso ordena asesinatos desde su celda, y la versión resulta creíble para la sociedad. Porque cuando la ciudadanía escucha que un preso sigue moviendo piezas del crimen organizado desde prisión, la reacción ya no es de sorpresa, sino de resignación. Y eso habla peor del sistema penitenciario que del propio mensaje dejado por los delincuentes.
Un narcomensaje, por sí solo, no constituye una prueba. Sin embargo, cuando las cárceles acumulan antecedentes de violencia, homicidios, extorsiones y operaciones delictivas desde el interior, la duda deja de ser si el mensaje dice la verdad y pasa a ser otra: ¿qué tan vulnerable sigue siendo el sistema penitenciario?
Las autoridades tienen dos caminos. Si la acusación es falsa, deben demostrarlo con una investigación seria y transparente. Si es verdadera, el problema adquiere dimensiones mucho mayores, porque significaría que el Estado mantiene tras las rejas a personas que siguen ejerciendo poder criminal como si la prisión fuera simplemente otra oficina de operaciones.
No es la primera vez que los penales de Chihuahua aparecen relacionados con hechos que exhiben fallas de control. En los últimos meses han trascendido investigaciones por delitos presuntamente coordinados desde prisión, muertes violentas de internos y otros episodios que mantienen bajo escrutinio al sistema penitenciario.