TRAS el seguimiento de las investigaciones del caso de la intromisión extranjera en Chihuahua, y la responsabilidad que recayó sobre Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación que murió en el accidente, sale a relucir un caso casi olvidado.
Se trata de una advertencia ignorada en Ciudad Cuauhtémoc que acabó con la vida del comandante Carlos Aarón Beltrán Pérez. El también escolta de la entonces titular de la Fiscalía Zona Occidente, Silvia González Gutiérrez, fue asesinado en calles del fraccionamiento Vista Hermosa, en el sector norte de la ciudad. Hijo del exalcalde de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, había dejado una carta póstuma, como anticipando su destino. En ella advierte que si el documento salía a la luz era porque ya estaba muerto, señalando a miembros del grupo delincuencial “La Línea”.
Tras 16 años en la Ministerial, escribió: “me di cuenta del alto grado de corrupción que impera y del desinterés por parte de la mayoría de los altos mandos, quienes con ciertas excepciones buscan su interés personal y aspiran a un ascenso para beneficiarse económicamente a costa de lo que sea”. En ese mismo texto menciona directamente a mandos como Pedro Román Oseguera Cervantes, Arturo Zuany Portillo y Alejandro González Arzaga, señalando omisiones graves, entre ellas haberlo dejado desarmado pese a amenazas, así como posibles filtraciones de información a grupos criminales. La carta fue posteriormente desmentida por la autoridad, sin que se explicaran a fondo los motivos.
Hoy, con la figura de Oseguera bajo la lupa, el discurso institucional intenta girar hacia la transparencia, pero el problema no nació ayer ni se resuelve con comunicados. Lo verdaderamente incómodo es aceptar que durante años se normalizó un modelo policial donde los señalamientos se acumulaban sin consecuencias reales. Denuncias por detenciones arbitrarias, expedientes endebles, fabricación de culpables y abusos no eran rumores de pasillo; eran patrones repetidos.
El ascenso y permanencia de perfiles como Oseguera dentro de la Agencia Estatal de Investigación lo colocan en el centro del debate, pero funcionan más como detonante que como origen. Lo que emerge no es sorpresa, es acumulación. Expedientes, quejas ante derechos humanos, antecedentes en administraciones pasadas y testimonios internos dibujan un sistema que privilegió resultados mediáticos sobre solidez jurídica.
Porque si algo deja claro este caso es que en Chihuahua no falló un hombre, falló un sistema. Y cuando un sistema falla de esa manera, las víctimas no solo son los ciudadanos, también lo son los propios policías que quedan expuestos, como Beltrán Pérez, a un juego donde la lealtad institucional no garantiza ni la vida.
La pregunta no es quién era Oseguera. La pregunta es cuántos más operaron bajo la misma lógica… y cuántos siguen ahí.
UNA corrupción cotidiana en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sale a relucir tras operar con total impunidad mientras todos miran hacia otro lado.
Se indica que un empleado sindicalizado en las bodegas del IMSS anda haciendo de la suyas en relación a “moches” o abusos de poder. Se habla de una red donde el dinero circula disfrazado, pasando de proveedores a personal externo y de ahí a manos internas. Y eso, en un almacén médico, no es menor: impacta directamente en el abasto, en la calidad del servicio y, en el fondo, en la salud de los derechohabientes.
El asunto es que el material que desaparece, medicamentos que presuntamente se entierran para ocultar caducidades, licitaciones manipuladas y una estructura que permite que todo esto ocurra sin consecuencias visibles. Con ello, ya no hablamos de un individuo, sino de una cadena de responsabilidades que alcanza mandos medios y superiores.
El problema no es solo que alguien “se sienta dueño” de un área; el verdadero problema es que, aparentemente, nadie lo contradice. Porque en estos escenarios, la corrupción no sobrevive por la astucia de uno, sino por la omisión de muchos. El silencio del entorno es el mejor cómplice.
También trabajadores sindicalizados denuncian humillaciones, retrasos intencionales y abuso de poder, lo que se erosiona no es solo el ambiente laboral, sino la operatividad completa. Un sistema de salud no puede funcionar cuando quienes lo sostienen trabajan bajo presión, miedo o hartazgo.