LO que se comenta al interior de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro no es un simple malestar laboral: es una señal de alerta que, de confirmarse, exhibe una grieta delicada en una de las áreas más sensibles del aparato de justicia. Y es que anda una acusación contra Gabriela Márquez —por presuntamente quedarse con parte de los viáticos destinados al personal— y no es menor. Los viáticos no son un lujo, son una herramienta operativa. Si se recortan, se debilita directamente la capacidad de respuesta de los agentes en campo. Y si ese recurso se maneja con opacidad, lo que se pone en duda no solo es la administración, sino la integridad de toda la unidad.
Por ello, dicen que estaría bien que los encargados de mover el billete en esa unidad deberían de darle una checada a las cuentas de los viáticos. Y no como un gesto simbólico, sino como una auditoría seria.
Pero el punto más delicado no es el dinero. También comentan que en algunos casos misteriosamente detenidos han quedado libres de la misma unidad, ni siquiera los mandaron ante un juez. Si esto es cierto, ya no estamos hablando de irregularidades administrativas, sino de posibles actos que comprometen la procuración de justicia. Dejar ir a detenidos sin proceso abre la puerta a algo mucho más grave: corrupción, negligencia o ambas.
AGARRESE. La situación en Aldama, Ojinaga, Coyame, Manuel Benavides, en el extremo noreste de la entidad, parecía ya calmarse, pero no. La narcoguerra estará más tensa, y el tema ya fue tema de seguridad al grado de preocupación.
Y es que luego que “Los Cabrera” arrebataran a “La Línea” el poder de esa zona, la venganza regresa con creces.
Ahora “La Línea” viene a incendiar todo, señalan las autoridades. Como ejemplo, se metió el grupo que por años fue local a dicha zona a quemar viviendas atribuidas a integrantes de “Los Cabrera”, entre ella de “El Coyo”, señalado como jefe de plaza en la zona de Coyame, el cual mantiene alianza con una estructura criminal local encabezada por gente que traicionó al llamado Cártel de Juárez para intentar meter a los Cabrera Sarabia a la región.
“El Coyo” se le señala de atentar contra la vida y la integridad de varios elementos policiacos y militares entre los años 2019 y 2020, por lo que es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno de México. Así mismo existen investigaciones en los Estados Unidos por su participación en actividades ilícitas en ambos lados de la frontera.
Aquí lo preocupante es que entran grupos armados de “La Línea” a la región a echar balazos, e incendiar la región, y eso desata enfrentamiento que ponen en peligro a la ciudadanía que circulan por el corredor que conecta a Aldama con Ojinaga. A diario, las pugnas en este corredor han provocado narcobloqueos, levantones, ejecuciones y quemazones.
La reciente robadera de vehículos es parte de la pugna entre ambos grupos, y lo peor que uno de ellos ya le echa la culpa a mandos de corporaciones policiacas de apoyar al grupo antagónico, y eso también mantiene la preocupación por posibles ataques a elementos policiacos. Así que alerta si es que va viajar por esa zona.
El fondo del problema es más grave que la propia violencia: la normalización. Cuando quemar casas, bloquear carreteras o desaparecer personas se vuelve parte del “día a día”, el mensaje es claro: la autoridad llega tarde, reacciona mal o simplemente no alcanza. Y peor aún, cuando surgen señalamientos de posibles vínculos o favoritismos dentro de corporaciones, la confianza pública se desploma.
No se trata solo de una guerra entre criminales. Es una amenaza directa a civiles, a familias que transitan, trabajan o viven en esa franja del estado. Es una advertencia de que el noreste de Chihuahua puede convertirse en un foco rojo permanente si no se actúa con contundencia real, no con operativos mediáticos.
Porque mientras unos se disputan el control, los ciudadanos quedan en medio. Y en esa ecuación, siempre pierden los mismos.
Y mientras el miedo corría como pólvora entre habitantes de Ojinaga y Aldama por balaceras y bloqueos, la alcaldesa de Ojinaga Lucy Marrufo salió a calmar las aguas asegurando que “no pasa nada”… pero la realidad le explotó en la cara.
En un video, la edil intentó minimizar la situación, pese a que recientemente incluso le “levantaron” a sus cuatro escoltas, lo que ya encendía las alarmas. Sin embargo, la versión oficial terminó por contradecirla.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que sí hubo un enfrentamiento entre fuerzas estatales y civiles armados en Ojinaga, desatando una jornada de violencia que se extendió hasta Aldama, donde los delincuentes incendiaron un Oxxo y robaron un camión para bloquear la carretera.
El caos obligó a un fuerte despliegue de elementos de la SSPE, Guardia Nacional y Defensa, quienes lograron ubicar un rancho con vehículos cargados de armamento. Pero la historia no terminó ahí: los criminales respondieron a balazos, provocando una persecución a toda velocidad por brechas de la zona.
Mientras las autoridades aseguran operativos y enfrentamientos, el discurso oficial municipal intenta apagar un incendio que, para muchos, ya es imposible ocultar.
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