ELEMENTOS operativos de la Zona Occidente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua alzaron la voz ante lo que consideran una clara injusticia laboral que impacta directamente en su seguridad y en la dignidad de su trabajo. De acuerdo con los propios agentes, a diferencia de sus compañeros adscritos a zonas rurales, ellos no reciben el llamado bono de riesgo, pese a que realizan exactamente las mismas funciones, participan en los mismos operativos y enfrentan condiciones de alto riesgo de manera cotidiana. Patrullajes, enfrentamientos potenciales, detenciones y trabajos coordinados con otras corporaciones forman parte de su día a día, sin que exista un reconocimiento económico acorde al peligro que implica su labor.
Los elementos aseguran que esta diferencia no solo es injusta, sino abiertamente discriminatoria, ya que no hay un criterio claro que justifique por qué unos sí reciben el incentivo y otros no, cuando el riesgo es compartido. Señalan que han buscado diálogo con el director de la zona para encontrar una solución, pero hasta ahora no han obtenido respuesta ni respaldo, lo que alimenta la percepción de abandono por parte de los mandos.
A esta problemática se suma la constante batalla con los viáticos. Los agentes relatan que en múltiples comisiones el recurso no llega a tiempo o resulta insuficiente, obligándolos a pedir prórrogas en hoteles y comprometer pagos que deben liquidar posteriormente mediante transferencias, una vez que regresan de descanso. Durante las comisiones, aseguran, es común quedarse sin dinero incluso para gastos básicos, una situación que raya en lo indignante para quienes arriesgan la vida en el cumplimiento de su deber.
Más allá de la queja puntual, el fondo del asunto exhibe una falla estructural: se exige compromiso total a los elementos de seguridad, pero se les responde con silencio, burocracia y trato desigual. La seguridad pública no puede sostenerse sobre la precariedad de quienes la ejecutan.
Los elementos de la Zona Occidente hacen pública esta situación con la esperanza de que las autoridades estatales volteen a ver el problema y actúen. No piden privilegios, exigen igualdad, reconocimiento y condiciones mínimas para desempeñar un trabajo que, todos los días, los pone frente al riesgo y la violencia.
MORENA vuelve a exhibir sus fracturas internas y el pleito escala hasta los tribunales del partido. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia activó formalmente un procedimiento sancionador contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, luego de una queja presentada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, quien acusa al edil de realizar acciones que ponen en riesgo la “unidad” del movimiento.
El caso ya está en marcha y no es menor: la dirigencia nacional de Morena admitió la denuncia y abrió el expediente.
Pérez Cuéllar respondió al procedimiento y nombró a sus representantes legales para enfrentar la acusación, presentando su defensa completa ante la Comisión. En su contestación, el alcalde de Juárez ofreció pruebas documentales, técnicas y hasta una prueba confesional dirigida directamente contra el senador Loera, elevando el tono del enfrentamiento.
La CNHJ dio por válida la respuesta del alcalde y reconoció oficialmente a su equipo legal, pero el proceso sigue abierto. Mientras tanto, Morena en Chihuahua queda atrapada en un fuego cruzado entre dos de sus figuras más visibles. La disputa no solo deja ver la falta de cohesión al interior del partido, sino que confirma que la lucha por el control político ya empezó, aun cuando públicamente se insista en la “unidad” del movimiento.
El expediente sigue su curso y la resolución podría marcar un precedente incómodo para Morena en el estado, donde las diferencias internas ya no se esconden y ahora se ventilan, sin pudor, ante su propio tribunal partidista.
LOS HIPOCRITAS
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