
CÉSAR Jáuregui Moreno pasó su primera noche en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde enfrenta una acusación de traición a la patria. De buscar votos a esperar resoluciones judiciales, el cambio de escenario fue brutal.
Y es que la Fiscalía General de la República le atribuye haber permitido la participación de agentes estadounidenses de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal. Un expediente que parece sacado de una película de Rambo, aunque aquí no hay bunkers de guerra, helicópteros explotando en pantalla ni héroe garantizado al final: hay agentes extranjeros, funcionarios bajo investigación y un exfiscal encerrado.
Y mientras el expediente de traición a la patria avanza, en los corrillos políticos también circula otra versión explosiva: la posibilidad de que intenten relacionarlo con investigaciones sobre presunto huachicol fiscal y operaciones de combustibles vinculadas con Energética Carvel, empresa asociada con Carlos Alberto Velázquez Nieto.
Sin embargo, hasta ahora no existe información pública verificada que confirme una imputación federal contra Jáuregui por huachicol fiscal, contrabando de combustibles o una relación delictiva con Carvel. Mucho menos que tenga otros cuatro o cinco delitos esperando turno. Una cosa es el expediente judicial y otra el catálogo de rumores que circula por los pasillos políticos.
El nombre de Carvel, por cierto, también ha estado rodeado de controversias empresariales y políticas en Chihuahua, pues el Gobierno Morenista se olvidó de su candidato Cruz Pérez Cuéllar.
Por lo pronto, posibilidad de que Jáuregui permanezca encarcelado durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo dependerá de lo que resuelva la justicia federal. Por ahora, nadie puede asegurar que vaya a pasar las fiestas tras las rejas. El espectáculo político tiene un giro digno del cine negro: un exfiscal acusado de traición a la patria, un partido dividido y una disputa por la Alcaldía que ahora comparte escenario con un penal de máxima seguridad.

HABLANDO de las turbulencias políticas que sacuden al PAN, una nueva versión coloca ahora al exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, en el centro de posibles investigaciones por adquisiciones realizadas durante su paso por el Gobierno del Estado.
El nombre del siempre inútil Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como “El Bayo”, titular de la Fiscalía Anticorrupción, aparece nuevamente en el escenario al estar revisando posibles irregularidades relacionadas con compras de materiales efectuadas por la Secretaría que encabezó Loera. Una investigación que podría convertirse también en un instrumento de presión dentro de la disputa panista por la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua.
En el centro de las sospechas aparece Sahir Rentería Lugo, dueño de Ferreterías Rewo y destapado entre los aspirantes políticos de Morena. De acuerdo con los señalamientos, su negocio habría suministrado tinacos, impermeabilizantes y materiales de construcción a la dependencia estatal, por ello la Fiscalía Anticorrupción le toca revisar si hay algo más que tornillos flojos en las cuentas del gobierno.
El asunto viene de señalamientos sobre compras de tinacos, impermeabilizantes y materiales de construcción durante la gestión de Loera. Se habla de posibles sobreprecios y faltantes, aunque
Y vaya coincidencia política: Loera figura entre los aspirantes panistas a la Alcaldía de Chihuahua, mientras Sahir también ha sido mencionado en las aspiraciones municipales, pero por Morena. De comprobarse algún negocio irregular, resultaría que los colores partidistas cambian, pero las facturas no distinguen entre azul y guinda.
Lo de Sahir tiene su propio toque de comedia electoral: además de sus aspiraciones políticas, carga con el antecedente de nunca conseguir nada en tema de capacidad política, pues ni a la presidencia de Canaco Chihuahua pudo llegar.
Mientras tanto, “El Bayo” tiene una oportunidad de demostrar que sirvió de algo en la Fiscalía Anticorrupción y no solo fue un perro faldero, al regazo del gobierno. De ser necesario volar vestidos de azul, guinda o con uniforme de ferretería.
Porque una cosa es vender tinacos para almacenar agua y otra muy distinta sería utilizar el presupuesto público como depósito de favores políticos.
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