MIENTRAS la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presumía el aseguramiento de tres campamentos presuntamente utilizados por grupos criminales en el municipio de Belisario Domínguez, hay otra versión de los hechos que difícilmente aparecerá en los boletines oficiales.
De acuerdo con la denuncia del afectado, elementos del Grupo SWAT de la SSPE y agentes de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron a una vivienda en ese municipio y, lejos de encontrar armas, drogas o personas detenidas, habrían salido con pantallas, aparatos electrónicos y diversos objetos de valor.
Según esta versión, no hubo personas arrestadas ni aseguramientos relacionados con algún delito. El único “botín” habría sido el patrimonio del propietario de la vivienda, quien incluso realizó el reporte al número de emergencias 911 y, presuntamente, ya presentó la denuncia correspondiente para que se investigue lo sucedido.
Si estos señalamientos resultan ciertos, el caso sería de una gravedad extrema. Las corporaciones encargadas de combatir la delincuencia no pueden actuar con los mismos métodos que los criminales a los que dicen perseguir. Ahora la responsabilidad recae en la Fiscalía y en los órganos internos de control.
MIENTRAS los ciudadanos pagan impuestos y enfrentan problemas cotidianos, varios de los perfiles que buscan convertirse en el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua parecen tener una ventaja difícil de ignorar: hacen política rodeados de recursos públicos y, en algunos casos, con escoltas pagadas por el Estado.
Uno de los casos que más llama la atención es el del exfiscal César Jáuregui, quien continúa desplazándose con un importante dispositivo de seguridad. Los elementos que lo acompañan a reuniones y eventos relacionados con su aspiración política representan un costo que no sale de su bolsillo, sino del erario.
Otro aspirante es Santiago de la Peña, quien hasta el momento permanece como secretario general de Gobierno. Su permanencia en el cargo le permite mantener la estructura, logística y condiciones propias de un funcionario de primer nivel mientras recorre espacios donde crecen las versiones sobre su interés por la candidatura. Si eventualmente deja el puesto, seguiría contando con escoltas financiadas con recursos públicos, una situación que inevitablemente genera cuestionamientos sobre la equidad en la contienda interna.
En la lista también aparece Gilberto Loya, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien ya es mencionado como uno de los perfiles que alista su salida para iniciar formalmente su proyecto político. Mientras eso ocurre, continúa desempeñando un cargo que igualmente implica protección oficial.
Del otro lado están la diputada federal Manque Granados y el diputado Carlos Olson. Aunque no cuentan con escoltas estatales, también aprovechan la proyección y exposición que les brinda el cargo que actualmente ocupan para mantenerse activos políticamente y fortalecer su posicionamiento rumbo a la definición de la candidatura.
El debate de fondo no es si tienen derecho a participar en la vida política. Lo tienen. La pregunta es si todos compiten en igualdad de condiciones o si algunos arrancan varios metros adelante gracias a recursos, logística y protección financiados con dinero público. En tiempos en que la ciudadanía exige piso parejo y transparencia, la línea entre ejercer un cargo y hacer precampaña debería ser mucho más clara.
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