APENAS ayer, en Sin Pelos en la Lengua, se exhibió el caso del instructor del Instituto Estatal de Seguridad Pública, César Alberto C. R., quien habría regresado a las filas policiales con un puesto de confianza como escolta de un alto mando, pese a que meses atrás fue separado de sus funciones tras un escándalo con su arma de cargo.
Los hechos que pusieron a César Alberto C. R. bajo investigación ocurrieron durante la madrugada del 4 de abril, al exterior de la cantina y taquería La Número 4, donde, de acuerdo con los señalamientos, el elemento habría sacado su arma de fuego y realizado detonaciones hacia el piso.
Las balas terminaron lesionando a una mujer identificada como Karen, quien habría señalado que mantenía una relación sentimental con el agente.
El caso provocó que el elemento fuera separado y enfrentara un procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia.
Pero ahora aparece otro nombre que vuelve a poner bajo la lupa al Instituto Estatal de Seguridad Pública. Se trata de Jesús Steven M., quien se desempeñaba como jefe de instructores del Instituto de Formación y Especialización, conocido también como IESP.
De acuerdo con información que ha trascendido, Mendoza Hernández habría sido removido de su puesto como responsable de los instructores de la academia.
En lugar de quedar fuera de la estructura, habría sido enviado a desempeñar funciones en la guardia del subsecretario de Seguridad Ejecutiva, Santos Vasconcelos Torres.
Es decir, de jefe de instructores a un área cercana a un alto mando.
La salida de Mendoza Hernández del área de instrucción estaría relacionada con señalamientos sobre una presunta venta irregular de cursos y supuestos apoyos para que algunas personas pudieran aprobarlos sin cumplir con los requisitos correspondientes.
Los señalamientos apuntan a que habría facilitado el paso de cursos a personas que, según las versiones, no contaban con la preparación necesaria.
De comprobarse, el asunto sería especialmente delicado, porque estamos hablando precisamente del instituto encargado de formar y capacitar a quienes posteriormente tendrán responsabilidades dentro de las corporaciones de seguridad.
Dos historias distintas, pero con un mismo ingrediente: funcionarios removidos de sus posiciones originales que, lejos de desaparecer de la estructura, terminan encontrando acomodo en otras áreas.
LO que debía ser una contratación para llevar música a las fiestas patronales de Aldama terminó convertido en un escándalo dentro del Ayuntamiento: un funcionario municipal, más trompudo que marrano, habría utilizado cotizaciones y datos de supuestos grupos musicales que, de acuerdo con lo expuesto en Cabildo, simplemente no existen, con el objetivo de favorecer la contratación de un conocido grupo de Ojinaga por casi un cuarto de millón de pesos.
El señalamiento salió a la luz durante una sesión de Cabildo, donde la regidora Arminne Chávez, integrante y observadora del comité de adquisiciones, puso sobre la mesa una serie de presuntas irregularidades detectadas al revisar los gastos relacionados con las fiestas patronales.
El caso que más llamó la atención fue la contratación de Norteños de Ojinaga, agrupación que habría presentado inicialmente una cotización ‘inflada y a modo’
Hasta ahí todo parecía una contratación más. El problema vino después.
De acuerdo con lo expuesto por la regidora, el funcionario municipal Iván de la Serda habría solicitado o integrado cotizaciones de otros supuestos grupos musicales para aparentar que existía competencia entre proveedores y así justificar la asignación del contrato.
El detalle que encendió las alarmas fue que esos otros grupos supuestamente tenían nombres, domicilios, teléfonos y cotizaciones de distintas ciudades de Estados Unidos.
Pero cuando la regidora decidió verificar personalmente la información, se habría encontrado con una sorpresa: los supuestos proveedores no aparecían por ningún lado.
Según relató ante el Cabildo, intentó comunicarse con los grupos que aparecían en la documentación y solamente pudo localizar al grupo de Ojinaga.
Los demás, de acuerdo con su denuncia pública, serían proveedores fantasma.
La situación tomó más fuerza cuando trascendió que el caso habría sido turnado al Órgano Interno de Control y que también se habría dado vista al Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, instancia que ya tendría conocimiento de los señalamientos y documentación relacionada con el caso.
La polémica también alcanza a la administración de la alcaldesa Sandra Galindo, pues la regidora cuestionó que, pese a la gravedad de los señalamientos planteados ante el Cabildo, no se hubiera dado el seguimiento que ella consideraba necesario.
El episodio subió todavía más de tono cuando Arminne Chávez anunció su renuncia a la comisión de adquisiciones, argumentando que no quería verse involucrada en posibles manejos irregulares de los recursos públicos.
La salida de la regidora coloca todavía más presión sobre la propia alcaldesa, cuya administración enfrenta ahora cuestionamientos relacionados con la transparencia y el manejo de recursos públicos.
Las copias de los documentos señalados ya habría llegado al Sistema Estatal Anticorrupción y está en manos de las instancias que deberán determinar si hubo alguna irregularidad y quiénes serían los responsables.
El escándalo también representa un golpe político para Sandra Galindo, pues cualquier investigación que determine responsabilidades por el manejo de recursos públicos podría complicar sus aspiraciones políticas futuras y su eventual intención de buscar la reelección.
Ahora la pelota está en la cancha de los órganos de control.