México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener la prisión preventiva oficiosa como parte de la Constitución, porque ayer cuatro ministros adelantaron que están en contra de la propuesta del ministro Luis María Aguilar para que el pleno ordene la no aplicación de esa disposición constitucional, porque viola de acuerdos internacionales signados por México.
Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara plantearon su rechazo a que la Corte pueda expulsar del texto constitucional una disposición penal, pues eso sólo corresponde al Poder Legislativo, aunque los cuatro respaldaron a Luis María Aguilar en la evidente inconstitucionalidad de la reforma legislativa que equipara la evasión fiscal con una amenaza a la seguridad nacional y la castiga con prisión preventiva oficiosa.
Aunque no existe en el marco regulatorio de la Corte un mecanismo expreso para anular artículos constitucionales, porque hasta ahora jamás ningún ministro había planteado esa posibilidad, el criterio de inconstitucionalidad de una norma impugnada es de ocho votos.
Ayer, al ser cuatro los ministros que se manifestaron en contra de declarar inconstitucional un artículo constitucional y, por lo tanto, ordenar que no se aplique, se conjura el escenario de los ocho votos, pues sólo quedan siete por fijar su posición y aunque todos ellos se pronunciaran por extirpar la Prisión Preventiva Oficiona de la Constitución, ya no es posible concretarlo.
Luego de las presiones ejercidas por el por Ejecutivo federal, que acusó desde la Presidencia de la República a los ministros de la Corte de provocar un grave problema si pretendían sacar de la Constitución la Prisión Preventiva Oficiosa y de que incluso el mandatario federal afirmó que se arreptiente de haber propuesto ministros de la Corte que se basan más en los principios jurídicos que en un compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación, tres de los cuatro de esos ministros se pronunciaron por mantener la prisión preventiva oficiosa.
Luis María Aguilar, ministro que propuso que la Corte sí puede anular un precepto constitucional, en función de su evidente contradicción con tratados internacionales, en este caso en materia de protección de derechos humanos, explicó que no propone desaparecer la prisión preventiva, sino la prisión preventiva oficiosa.
Informó que en las prisiones mexicanas hay 92 mil 590 personas que están privadas de la libertad sin que se les haya comprobado delito alguno, lo que violenta el principio de presunción de inocencia que garantiza la propia Constitución; consideró que, al eliminar la prisión preventiva oficiosa, se obliga a los ministerios públicos a preparar bien sus casos y solicitar esa medida cautelar cuando el imputado represente un peligro para la sociedad o para sus víctimas.
Jasmín Esquivel expresó que proceder a esa eliminación dejará a los ciudadanos, peritos, ministerios públicos, jueces, a merced de los delincuentes y consideró que “a pesar del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana, el Estado mexicano no está obligado a una sumisión incondicional a ese tribunal, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es una simple reproductora autómata de los criterios de los jueces interamericanos”.
Loretta Ortiz precisó que ella siempre ha sostenido la tesis de que si hay contradicción entre la Constitución y los Tratados internacionales, lo que prevalece es la Constitución.