LA disputa interna en Morena por la aprobación de la deuda estatal parece estar lejos de terminar. La exhibición pública realizada por Rosana Díaz coloca bajo presión a María Antonieta Pérez, pero también al propio Congreso del Estado. Resulta preocupante que, meses después de una votación que comprometió recursos públicos mediante endeudamiento, surjan dudas sobre quién votó, cómo votó y cuántos votos se contabilizaron realmente. La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad absoluta cuando se trata de decisiones que impactarán a generaciones futuras y que deberán pagarse con dinero de los contribuyentes. Más allá de los señalamientos personales, la discusión deja al descubierto una práctica recurrente en la política mexicana: cuando una decisión genera rechazo social, aparecen las versiones encontradas, las explicaciones tardías y los intentos de reescribir la historia. Si alguien votó a favor, debe asumirlo; si hubo errores en los registros oficiales, deben corregirse y explicarse.
Lo inaceptable es que la verdad dependa de interpretaciones políticas y no de documentos claros e incuestionables. Al final, la deuda estatal sigue siendo el tema central, no la guerra de declaraciones. Mientras los legisladores se enfrascan en determinar quién cargará con el costo político de aquella votación, los ciudadanos continúan esperando respuestas sobre el destino de los recursos obtenidos, los beneficios reales para el estado y las garantías de que el endeudamiento no terminará convirtiéndose en una carga adicional para las futuras administraciones. Porque la transparencia no debería ser una herramienta de confrontación partidista, sino una obligación permanente de quienes ocupan una curul.
LA salida de Cruz Pérez Cuéllar de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura ha abierto un debate inevitable: ¿puede aspirar a gobernar Chihuahua quien deja una ciudad con problemas sin resolver?
La crítica lanzada por el dirigente municipal del PAN, Ulises Pacheco, no es menor. El panista aseguró que Pérez Cuéllar deja una ciudad con rezagos en pavimentación, servicios públicos cuestionados, colonias abandonadas y señalamientos de opacidad en diversas áreas de gobierno. Incluso fue más allá al afirmar que “quien falló como alcalde no merece ser candidato y mucho menos gobernador”.
Más allá del evidente interés político de la oposición, la discusión de fondo es legítima. La gubernatura no debería ser vista como un premio o un ascenso automático en la carrera política. Antes de pedir la confianza de todo un estado, cualquier aspirante tendría que demostrar resultados contundentes en el cargo que actualmente desempeña. La mejor carta de presentación de un político es su gobierno, no sus discursos ni sus campañas.
Los juarenses serán quienes tengan la última palabra sobre el legado que deja. Pero si todavía existen reclamos por baches, infraestructura insuficiente, servicios deficientes o dudas sobre la transparencia gubernamental, resulta válido preguntarse si el siguiente paso debe ser buscar la gubernatura o terminar primero las tareas pendientes. Porque quien aspira a gobernar Chihuahua debería poder presumir que cumplió plenamente donde ya tuvo la oportunidad de gobernar.
La carrera por la sucesión estatal apenas comienza, pero una realidad es innegable: ningún proyecto político puede construirse únicamente sobre aspiraciones. Los resultados hablan más fuerte que cualquier acto masivo, cualquier encuesta o cualquier discurso de campaña. Y en política, quien no convence en casa difícilmente convencerá a todo el estado.
Escríbanos al correo electrónico de SIN PELOS EN LA LENGUA: [email protected]