Noticias de Chihuahua. – Por haber contratado innecesariamente dos despachos de abogaos para tramitar la devolución del Impuesto Sobre la Renta, el ex tesorero en la administración municipal del ahora diputado federal por Morena Armando Cabada Alvídrez, Gerardo Ronquillo Chávez, fue sancionado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Esto, tras una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como parte de su labor de fiscalización, que determinó que en 2019 mientras se desempeñaba como tesorero del municipio de Juárez, Ronquillo hizo la contratación simultánea de dos despachos para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del ISR, cuando esto no era necesario, según se desprendió de la revisión de la cuenta pública del Municiono de Juárez.
Aun cuando no se informó en qué consiste la sanción, sí se detalló que se trató de la celebración de dos contratos celebrados con las empresas Certus Aplicaciones Digitales por 249 mil 500 pesos y otro con Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret por 187 mil 843 pesos, sin que además se ofreciera evidencia del trabajo realizado.
Además de sancionar a dos particulares más por haber presentado información falsa para obtener apoyos por la cantidad de 74 mil 224 pesos, del programa de Apoyo a las Empresas del Sector Restaurantero y Eventos Sociales del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), el TEJA también sancionó a una síndica y dos regidores por celebrar contratos como proveedores.
Se trata de la ex síndica municipal de Santa Isabel Vanesa Trevizo Mendoza, quien en 2019 alegando no tener impedimento legal para hacerlo, celebró un contrato como proveedora del mismo municipio por 170 mil pesos; lo mismo que el entonces regidor del Partido Acción Nacional Javier Flores Hernández, quien siendo miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, en 2020, se autorizó a sí mismo una contratación directa como proveedor para elaboración y venta de alimentos por 241 mil 747 pesos.
Otro regidor sancionado fue Carlos Antonio Rosales Arcaute, quien a pesar de que en ese momento era regidor en el municipio de Gómez Palacio en el estado de Durango, en 2019 negando tener impedimento legal celebró un contrato con el Municipio de Chihuahua y colocó su empresa “AA PRINT S.A. de C.V.” en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua, con dos contratos de 1.5 millones de pesos.