¿SERÁ que alguien convirtió el Centro de Monitoreo de la Policía Municipal en el Centro de Monitoreo del novio, la novia, el ex o la tóxica de turno? Porque a Sin Pelos en la Lengua informaron que la Dirección de Seguridad Pública Municipal ordenó que ningún policía utilice teléfonos celulares, dispositivos electrónicos personales, aplicaciones de mensajería, redes sociales o cualquier medio no autorizado dentro del Centro de Monitoreo y Operaciones.
La razón oficial es proteger información institucional, datos personales, imágenes, comunicaciones y estrategias operativas, así como evitar posibles filtraciones.
Esta orden abre la puerta a todo tipo de sospechas, porque una cosa es que un elemento esté viendo cámaras para localizar a un sospechoso y otra muy distinta sería que algún policía, aprovechando el acceso privilegiado a los sistemas, se pusiera a buscar dónde anda el novio, con quién salió la novia, quién visitó al ex o a qué hora pasó determinado vehículo. En tiempos de relaciones tóxicas, hasta el C4 podría convertirse en detective privado con uniforme.
Y existe una posibilidad todavía más delicada: Esas instalaciones pudiera terminar en manos de personas ajenas a la corporación o incluso de grupos criminales ya que la necesidad de proteger información operativa y estratégica. Y cuando una corporación de seguridad tiene que cerrar la puerta al celular personal, evidentemente algo quieren evitar.
Ahora sí, quien se pase de listo podría pagar caro el chisme. La primera falta contempla amonestación verbal; la segunda, amonestación por escrito; la tercera puede terminar en acta administrativa y/o arresto administrativo, y una cuarta contempla suspensión temporal de funciones, restricción contractual u otras medidas.
Así que dentro del Centro de Monitoreo queda prohibido el famoso: “déjame tantito el celular, nomás voy a revisar una cosa”. Porque si esa “cosita” resulta ser información policial, el romance, el chisme o el negocio puede terminar con un elemento explicando su conducta ante sus superiores y no precisamente mandándole corazones a su pareja.
La pregunta incómoda queda sobre la mesa: ¿la prohibición es simplemente una medida preventiva para blindar información sensible o detrás de ella existe algún antecedente que haya encendido las alarmas?
YA que andamos en temas de la DSPM, una supuesta orden de “todos a marchar” el pasado 16 de septiembre habría provocado más que cansancio en las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal: habría terminado con la renuncia de la subdirectora jurídica, Diana Reyes Mejía.
De acuerdo con versiones que circulan al interior de la corporación, Reyes Mejía habría dejado su renuncia sobre el escritorio en señal de inconformidad, luego de que, presuntamente, el director de la DSPM, Julio Salas, ordenara que las mujeres de la corporación participaran en una marcha.
La decisión habría causado molestia en la funcionaria, quien consideró absurda la instrucción y habría optado por hacerse a un lado antes que acatarla.
La versión señala que la renuncia ocurrió ese mismo dia, aunque hasta el momento no existe confirmación pública de la DSPM sobre la salida de la funcionaria ni sobre los motivos.
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