MIENTRAS oficialmente nadie confirma movimientos, en los pasillos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) el rumor ya corre como si fuera un hecho consumado: cuando Gilberto Loya decida dejar el cargo para buscar un proyecto político, la silla no quedaría vacía por mucho tiempo. Todo apunta a que la actual subsecretaria de Administración, Susana Basaldúa, sería la elegida para tomar las riendas de la corporación.
Las versiones internas aseguran que los cambios podrían concretarse antes de que termine este mes de julio. Aunque dentro de la dependencia existen perfiles con experiencia, como Luis Aguirre, Ricardo Realivázquez y otros subsecretarios, el comentario recurrente es que Basaldúa tendría un respaldo político de alto nivel, suficiente para inclinar la balanza a su favor.
En paralelo, otro movimiento también comienza a tomar forma. César Komaba dejaría finalmente la doble función que ha desempeñado entre el Gobierno del Estado y el PAN para asumir de lleno la dirigencia estatal del partido. De concretarse ese escenario, uno de los nombres que más fuerza cobra para sustituirlo es el de Esteban Piñón, quien recientemente fue relevado de la Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial, cargo que ahora ocupa Guillermo Almazán Smith.
Mientras la grilla política avanza a toda velocidad, otro asunto que durante meses fue motivo de críticas comienza a destrabarse. El edificio de 20 pisos de la SSPE en Ciudad Juárez, cuya entrega acumuló más de dos años de retraso, finalmente empieza a ser ocupado por distintas áreas de la dependencia.
Por ahora, todo permanece en el terreno de las versiones y los movimientos extraoficiales a Sin Pelos en la Lengua. Sin embargo, cuando los rumores coinciden con relevos recientes y reacomodos administrativos, dejan de parecer simples chismes y empiezan a perfilar el siguiente capítulo en la estructura de seguridad del estado.
LA imagen del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, comienza a mostrar señales de desgaste. Entre aspiraciones políticas, decisiones administrativas y problemas internos, el funcionario enfrenta un escenario que cada vez luce más complicado.
Uno de los principales señalamientos gira en torno a los despidos dentro de la dependencia. Aunque públicamente se aseguró que no habría recortes de personal, más de un centenar de trabajadores del programa conocido como “Chalecos Azules” terminó fuera de la nómina. Estos colaboradores, quienes percibían alrededor de tres mil pesos por quincena, realizaban labores de promoción de programas sociales y recorridos casa por casa para acercar los apoyos gubernamentales a la ciudadanía.
La salida de este grupo no solo contradice el discurso oficial, sino que también podría afectar la estructura territorial que respaldaba la presencia política del secretario, justo cuando su nombre ha sido mencionado como posible aspirante a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
A ello se suman versiones sobre un ambiente de tensión al interior del Gobierno del Estado. Trascendió que Loera mantiene diferencias con integrantes del primer círculo de la administración estatal e incluso con la propia gobernadora, situación que también habría alcanzado el ámbito personal luego de que su esposa dejara el cargo que desempeñaba como asistente particular, en medio de ese contexto.
Con ello se alimenta la percepción de que el secretario enfrenta uno de los momentos más complejos desde que asumió el cargo, en un escenario donde las aspiraciones políticas suelen depender tanto de los resultados como de la estabilidad dentro del propio gobierno.
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