MIENTRAS las familias viven con miedo de perder su patrimonio, sus tierras y hasta la tranquilidad de sus hogares, en los municipios de San Francisco de Borja, Belisario Domínguez, Gran Morelos y comunidades vecinas parece que la autoridad simplemente desapareció. Los testimonios que circulan entre pobladores son cada vez más alarmantes: amenazas, presiones para abandonar propiedades y un ambiente de terror que está obligando a muchas personas a vivir bajo la ley del miedo.
Lo más preocupante no es solamente la presencia de grupos criminales, sino la sensación de abandono que expresan los habitantes. Cuando la gente siente que nadie escucha sus denuncias y que los delincuentes actúan con total impunidad, el mensaje que reciben es devastador: están solos.
Los alcaldes Óscar Luis Miramontes Pérez, Reimon Ruiz Socarro y David Corral Ramírez enfrentan crecientes cuestionamientos de ciudadanos que exigen resultados y acciones concretas. Porque gobernar no es aparecer en las fotografías de los eventos públicos; gobernar es dar la cara cuando la población enfrenta sus momentos más difíciles. Hoy, muchos habitantes aseguran no ver estrategias, operativos ni respuestas que les devuelvan la confianza.
La exigencia ya no es política, es de supervivencia. Los pobladores piden la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales antes de que la situación escale todavía más. Porque cuando las familias comienzan a abandonar sus hogares por miedo, cuando el patrimonio de generaciones está en riesgo y cuando la autoridad parece ausente, lo que está en juego no es solamente la seguridad, sino la propia gobernabilidad de una región.
El silencio institucional nunca ha derrotado a la delincuencia. Por el contrario, la fortalece. Y mientras los ciudadanos claman ayuda, las autoridades tienen la obligación de demostrar que en esos municipios todavía existe gobierno y que la ley sigue teniendo dueño.
LO del bombero sorprendido robando una mariconera durante un incendio no parece ser un simple tropiezo de un mal elemento. Los comentarios que comenzaron a salir después de su detención dibujan un panorama mucho más preocupante dentro de la corporación. Si las versiones son ciertas y ya existían antecedentes de abusos, conflictos internos por mismo problema, presuntas “ordeñas” de combustible y hasta denuncias previas en la fiscalía de la mujer, la pregunta es inevitable: ¿nadie veía nada o nadie quiso ver?
Porque cuando un servidor público aprovecha una tragedia ajena para meter mano donde no le corresponde, el problema deja de ser individual y se convierte en una señal de alerta para toda la institución. Los bomberos son de las corporaciones que más respeto y confianza generan entre la ciudadanía, precisamente porque arriesgan la vida para salvar la de otros. Por eso un caso como este pega doble: por el delito y por la traición a esa confianza.
Ahora también vale la pena preguntarse cómo están los controles internos, las evaluaciones de confianza, las capacitaciones y los exámenes que supuestamente deben detectar conductas indebidas. Si un elemento ya arrastraba señalamientos desde hace tiempo, alguien debió haber prendido las alarmas mucho antes. De lo contrario, el incendio más preocupante no estaba en la vivienda de Los Pinos, sino dentro de la propia corporación.
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