MIENTRAS las autoridades presumen operativos, inteligencia y vigilancia en el transporte público, los taxis piratas siguen circulando por toda la ciudad como si nada. Vehículos particulares ofreciendo servicio de traslado sin permisos, sin regulación y sin ningún tipo de control oficial se han convertido en una bomba de tiempo que pone en riesgo a miles de ciudadanos.
El problema no solamente es la competencia desleal contra taxistas concesionados y plataformas legales. El verdadero peligro está en la falta de certeza sobre quién conduce esas unidades, si cuentan con antecedentes, si tienen seguro, o incluso si el vehículo está en condiciones adecuadas para transportar pasajeros. Hoy cualquier persona con un automóvil puede improvisarse como chofer y operar al margen de la ley sin consecuencias visibles.
Lo más preocupante es que esta situación no es nueva. Desde hace meses existen denuncias ciudadanas y reportes constantes sobre vehículos particulares prestando servicio ilegal en distintos puntos de la capital, sin que la Subsecretaría de Transporte logre frenarlos de manera efectiva. Eso deja muy mal paradas las famosas estrategias de inteligencia y monitoreo que tanto presume la autoridad estatal.
Porque si realmente existen operativos permanentes, vigilancia digital y análisis de rutas, resulta difícil creer que no puedan detectar unidades que trabajan diariamente recogiendo pasaje en zonas perfectamente identificadas. O la estrategia está fallando, o simplemente el problema dejó de importarles.
LA caída de Arturo Zuany Portillo no sorprende. Lo que sorprende es que apenas ahora se quiera vender como escándalo algo que dentro de la Fiscalía General del Estado era un secreto a voces desde hace mucho tiempo. Los vínculos del exdirector de la Agencia Estatal de Investigación y ahora exfiscal de Operaciones Estratégicas con agencias estadounidenses eran conocidos por mandos, funcionarios y operadores políticos. Nadie puede fingir sorpresa. Él mismo manifestaba trato directo con el ‘macleín” del consulado gringo en Chihuahua.
Desde hace meses ya se había advertido públicamente sobre la cercanía de Zuany con corporaciones estadounidenses, particularmente con elementos ligados a labores de inteligencia y operaciones especiales. Incluso el episodio de la cancelación de su visa estadounidense terminó convertido en un extraño asunto “resuelto”, situación que alimentó todavía más las sospechas sobre el nivel de relación y negociación que existía detrás de las puertas cerradas.
La verdadera pregunta no es por qué renunció Arturo Zuany. La pregunta es por qué se le permitió crecer tanto dentro de la estructura de seguridad estatal aun cuando ya existían señalamientos, rumores y antecedentes que levantaban alertas. Su permanencia al frente de la AEI y posteriormente en una fiscalía tan delicada como Operaciones Estratégicas no fue casualidad. Ahí se manejaban investigaciones de secuestro, extorsión, inteligencia y objetivos prioritarios. Nadie llega ni permanece en esa posición sin respaldo político e institucional.
El problema de fondo es mucho más grave que una renuncia. Lo delicado es la normalización de la intervención extranjera en operativos dentro del territorio chihuahuense. Porque mientras oficialmente se habla de cooperación internacional, en los hechos cada vez existen más versiones sobre agentes estadounidenses participando directamente en tareas de inteligencia y seguridad en el estado. Y eso abre una discusión peligrosa sobre soberanía, control institucional y hasta infiltración.
Si ayer hubo gritos, reclamos y tensión dentro de Palacio, no fue únicamente por Arturo Zuany Portillo. Fue porque el caso terminó explotando públicamente y exhibiendo algo que muchos intentaron mantener bajo control: que dentro de las estructuras de seguridad en Chihuahua existen acuerdos, alianzas y operaciones que van mucho más allá de lo que oficialmente se reconoce. Y cuando esas relaciones se salen de control, comienzan los sacrificios políticos. Zuany fue el segundo. Difícilmente será el último.
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