EL coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, arremetió contra el libro Centinela, publicado por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y aunque reconoció que lo compró por casi 600 pesos, aclaró que todavía ni siquiera lo ha leído.
El legislador aseguró que adquirió el ejemplar sin autógrafo y cuestionó la promoción que se ha realizado alrededor de la Torre Centinela, al considerar que refuerza su percepción de que existe “un culto a la personalidad”, además que la flamante Torre Centinela comenzó con el pie izquierdo: fuertes ráfagas de viento provocaron daños en su fachada durante el evento de inauguración, luego de que equipo de sonido impactara y dañara un módulo de vidrio. Se levantaron dos cajas de madera que almacenaban equipo de audio e iluminación, una de las cuales terminó golpeando la estructura. No hubo personas lesionadas, pero el incidente dejó una imagen incómoda. Estrada también rechazó el discurso oficial al presentar la Torre Centinela, particularmente la idea de que con esta obra se “devuelve la dignidad” a los habitantes de Ciudad Juárez.
El morenista sostuvo que los juarenses nunca han perdido su dignidad y que lo que realmente necesita la frontera son mayores recursos para atender los rezagos que, afirmó, existen en transporte, educación y seguridad.
“Nosotros los juarenses nunca hemos perdido la dignidad. La hemos mantenido, la mantendremos y siempre la hemos tenido”, expresó.
Por otra parte la inauguración de la Torre Centinela no solo dejó encendidas sus luces: también exhibió el desdén del gobierno federal y del Ayuntamiento morenista de Ciudad Juárez hacia un proyecto que, más allá de colores partidistas, toca una de las heridas que más duelen a los juarenses: la inseguridad.
Con más de 115 metros de altura, 21 pisos, helipuerto y una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, la Torre Centinela fue presentada por la gobernadora María Eugenia Campos como el cerebro tecnológico y operativo de una estrategia de seguridad que conecta a todo Chihuahua.
Y ahí está precisamente lo incómodo para Morena: mientras durante varios sexenios los gobiernos han prometido devolver la tranquilidad a Ciudad Juárez sin resolver de fondo el problema, ahora que alguien apuesta fuerte por tecnología, inteligencia y coordinación policial, el proyecto es desestimado por razones políticas.
La realidad es que la seguridad no tiene partido. Los juarenses llevan años reclamando resultados, no discursos. Y aunque la Torre Centinela pueda ser cuestionada en costos, operación o resultados, resulta difícil explicar por qué un proyecto destinado precisamente a combatir la inseguridad merece más descalificación política que atención.
Porque al final, los juarenses no están pidiendo que Morena, PAN o cualquier otro partido gane la discusión: están pidiendo que alguien se tome en serio su seguridad.
EL caso de un juez penal detenido por presuntamente favorecer a un acusado pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasa con los jueces que, en casos de alto impacto u otros, toman decisiones que terminan beneficiando a imputados señalados por delitos graves?
La detención de un juzgador por presuntas irregularidades debería encender las alertas dentro del Poder Judicial y abrir la puerta a una revisión seria de aquellos casos donde las decisiones judiciales hayan sido cuestionadas por favorecer a acusados.
El llamado es claro: investigar a los jueces, revisar sus resoluciones y determinar si actuaron conforme a derecho o si hubo algo más detrás de sus decisiones.
Porque si un juzgador utiliza su posición para beneficiar deliberadamente a un imputado, manipula procedimientos o actúa fuera de la ley, no debería bastar con una sanción administrativa. De comprobarse un delito, también tendría que responder penalmente.
El caso podría convertirse en una advertencia para quienes desde el estrado han sido señalados por decisiones polémicas: el poder de impartir justicia no puede convertirse en una puerta trasera para la impunidad.
Ahora corresponde a las autoridades investigar, revisar expedientes y deslindar responsabilidades. Que se investigue a los jueces, pero también que se castigue a quien haya convertido la justicia en negocio o favor político.