Noticias de Chihuahua.- A fin de poder explicar la iniciativa de reforma para otorgar mayores facultades al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya acudió esta mañana a la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La iniciativa enviada por la gobernadora María Eugenia Campos pide fortalecer la figura del Secretariado Ejecutivo como una instancia que forma parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrando a su titular no solo como miembro del referido Consejo, sino como secretario, para servir como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema Nacional en el Estado, y proporcionar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional la información que el mismo requiera en términos de la Ley General.
A manera de justificación, Loya dijo que a aplicación del modelo busca fortalecer la seguridad en el estado, pero también la implementación de diversas políticas públicas para derivar en una mejor situación de seguridad.
En su oportunidad, la diputada del Partido del Trabajo Deyanira Ozaeta, dijo que la intención era conocer cómo la reforma vendría a beneficiar a la población; y la diputada del Partido Acción Nacional y presidenta del Congreso del Estado Georgina Bujanda, cuestionó cómo es que se lograría la articulación de una manera concreta, y no solo en un discurso.
Ante ello el secretario explicó que «el Secretariado termina siendo un instrumento de la política criminal y el encargado de implementar la reforma es el Secretariado Ejecutivo, por lo que le revisión de su avance debería ser por este mismo órgano para poder verticalizar la política pública nacional».
De aprobarse la iniciativa, el Secretariado Ejecutivo Estatal depende de la Fiscalía General del Estado, pero buscan transferir sus facultades, recursos humanos, materiales y financieros a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya que las facultades y atribuciones de la Fiscalía son orientadas a la investigación y persecución de los delitos encomendadas al Ministerio Público, y la Secretaría va más allá, como un sistema integral de investigación, destinado a obtener, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente, la información para la prevención de delitos e infracciones y compartirla de manera sistemática con las autoridades competentes para la debida coordinación y defensa de la seguridad pública en el estado.
Otra de las disposiciones a reformar es que la elección de las personas nombradas magistrada o magistrado, es una atribución exclusiva de la persona titular del Ejecutivo, por lo que la Secretaría General de Gobierno únicamente podría asistir o auxiliar en la selección de los perfiles y no elegirla directamente como se establece ahora.
