CHIHUAHUA esta tapizado de espectaculares con rostros de aspirantes políticos que, disfrazados de entrevistas, reportajes o supuestos ejercicios periodísticos, mantienen una promoción permanente sin que hasta el momento exista una respuesta contundente de las autoridades electorales. Mientras los anuncios se multiplican, el órgano electoral parece haber optado por mirar hacia otro lado.
La invasión de espectaculares ha provocado cuestionamientos sobre el origen de los recursos con los que se financia esta promoción, principalmente de personajes vinculados al PAN y Morena, quienes dominan gran parte de la publicidad colocada en distintos puntos del estado.
Ante esta situación, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y diputado federal, Alejandro Domínguez, presentó una petición formal para que se investigue el financiamiento detrás de estos anuncios, al considerar indispensable conocer quién paga esa promoción y bajo qué esquema se realiza.
Y es que corresponde a las autoridades electorales, tanto locales como nacionales, revisar el origen de los recursos utilizados para la colocación de espectaculares, así como determinar si existe alguna violación a la legislación en materia electoral.
Sin embargo, la propia autoridad ha señalado en diversas ocasiones que, al presentarse como promoción de un trabajo periodístico o contenido informativo, resulta complicado ordenar su retiro, ya que existen criterios legales que permiten a medios de comunicación contratar espacios publicitarios, aunque ello represente inversiones de alto costo.
Ese vacío legal parece haberse convertido en el refugio perfecto para quienes buscan posicionar su imagen mucho antes de los tiempos electorales. Bajo el disfraz de una portada, una entrevista o un reconocimiento, los espectaculares cumplen exactamente el mismo objetivo: mantener vigente el nombre y el rostro de quienes aspiran a un cargo público.
Lo preocupante no es únicamente la saturación visual que invade calles y avenidas, sino la percepción de impunidad. Mientras los candidatos estiran al máximo los límites de la ley, el órgano electoral parece resignado a observar cómo se burlan de las reglas sin consecuencias.
LA detención del policía municipal pensionado Víctor Hugo N. G. ha abierto un debate que va mucho más allá de los cristales destruidos. Lo que llama la atención no es únicamente el monto de los daños, que ya superarían el millón de pesos, sino el enorme despliegue de una de las áreas más poderosas y reservadas de la Fiscalía General del Estado para capturar a un presunto responsable de ataques con pistolas de aire y municiones de posta.
La investigación estuvo operada por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), considerada el brazo más delicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) por encargarse de delitos de alto impacto como secuestro y extorsión. Es un área que únicamente rinde cuentas al fiscal general debido a la naturaleza de los asuntos que maneja.
Sin embargo, la FGE atraviesa una situación peculiar: actualmente no cuenta con un fiscal titular, solo un adorno, y su área más importante (FEOS) lo trae un novato. A pesar de ello, si se tuvo la capacidad de movilizar todo un aparato para detener a un policía pensionado acusado de romper cristales.
El contexto vuelve todavía más polémico el caso. Víctor Hugo N. G. forma parte de una agrupación integrada por policías y ex policías que constantemente exhibe en redes sociales presuntas irregularidades, abusos y “toda la porquería” que, aseguran, ocurre al interior de las corporaciones policiacas de Chihuahua. Este grupo aúlla mucho en redes, que además ha protagonizado actos de confrontación contra el Gobierno del Estado y que, según diversas versiones, tendría simpatías o respaldo de Morena.
En sí, el rompe cristales no es un personaje cualquiera. También se menciona que es abuelo de una de las hijas del director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas; tiene una hija que actualmente es agente policial y mantiene vínculos con personajes cercanos a Marco Quezada dentro de Morena, entre ellos Javier T. V. Una red de relaciones que inevitablemente alimenta las especulaciones sobre los verdaderos alcances del caso.
Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que Víctor Hugo N. G. fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO), donde permanecerá mientras enfrenta el proceso penal en su contra por su probable participación en ataques contra negocios, sucursales bancarias y edificios públicos de la ciudad.
En los próximos días aullara ante un juez, donde la Fiscalía General del Estado presentará las pruebas recabadas para sustentar las imputaciones.
Las investigaciones indican que, conforme continúan llegando denuncias de comerciantes y propietarios afectados, los daños ya superarían el millón de pesos y la cifra podría aumentar conforme se integren nuevos casos a la carpeta de investigación.
Las indagatorias señalan que los ataques se concentraron principalmente sobre el Periférico de la Juventud y la zona de Distrito 1, donde durante varios días fueron dañados cristales de establecimientos comerciales, sucursales bancarias y oficinas gubernamentales mediante disparos realizados con pistolas de aire y municiones de posta.
Además, la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar si el poli pensionado estaría relacionado con otros hechos similares registrados en distintos puntos de la ciudad, por lo que no se descarta que enfrente nuevas imputaciones conforme avance el proceso.
El caso ha generado atención, pero más allá del expediente judicial, el asunto deja una interrogante incómoda. En un estado donde permanecen sin resolver homicidios, desapariciones, secuestros y otros delitos de alto impacto, sorprende que la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas —la élite investigadora de Chihuahua— concentre buena parte de su capacidad para perseguir a un presunto “rompecristales”. La justicia deberá determinar si Víctor Hugo N. G. es culpable o inocente, pero la percepción pública ya instaló otra duda: si detrás de esta detención hubo únicamente una investigación penal o también un ajuste de cuentas contra una voz que exhibe las entrañas de las corporaciones policiacas.