LO que debería ser un ejemplo de accesibilidad terminó convirtiéndose en un obstáculo para quienes más necesitan condiciones dignas. Ciudadanos denunciaron el deplorable estado de las banquetas y accesos en las instalaciones de Vialidad, donde personas con discapacidad enfrentan serias dificultades para ingresar a realizar cualquier trámite.
De acuerdo con el testimonio, al acudir acompañado de un familiar que utiliza un scooter de movilidad, encontraron que las banquetas que conectan el estacionamiento con el edificio presentan desniveles, deterioro y obstáculos que prácticamente hacen imposible el paso de una silla de ruedas o cualquier otro medio de apoyo para personas con movilidad reducida.
La situación se agrava en la parada de camión ubicada frente a las oficinas, donde la acumulación de hojas, frutos de los árboles y basura reduce aún más el espacio para circular, obligando a las personas con discapacidad a sortear obstáculos en un sitio que debería garantizar condiciones seguras.
La ironía es evidente: una dependencia gubernamental encargada de la movilidad mantiene sus propias instalaciones sin las condiciones mínimas de accesibilidad que establecen las normas de inclusión. De poco sirven los cajones exclusivos para personas con discapacidad si el recorrido hacia el edificio termina siendo una carrera de obstáculos.
Más allá de una cuestión de imagen, el problema refleja la falta de sensibilidad y mantenimiento en un espacio público que diariamente recibe a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que acuden a realizar trámites. La accesibilidad no debería ser un privilegio, sino una obligación que las propias autoridades tendrían que cumplir antes de exigirla a los demás.
EL espacio público destinado exclusivamente a brindar seguridad a estudiantes y peatones, ahora también se convirtió en un escaparate comercial. El puente peatonal ubicado sobre la avenida Tecnológico, frente a la escuela primaria Carmen Romano, está siendo ofrecido en renta para colocar publicidad, abriendo un nuevo debate sobre el uso de infraestructura financiada con recursos públicos.
La decisión de comercializar el puente también despierta cuestionamientos sobre el destino de los recursos obtenidos y los criterios bajo los cuales se autoriza la explotación de bienes públicos, especialmente cuando existen otras necesidades de mantenimiento, vigilancia y seguridad vial.
La situación resulta todavía más polémica porque ese mismo puente ha sido utilizado en diversas ocasiones por grupos criminales para colgar mantas con mensajes dirigidos a las autoridades o a organizaciones rivales, convirtiéndose en un punto recurrente para este tipo de hechos que generan alarma entre la población.
Con un toque de ironía, ciudadanos ya se preguntan si el siguiente paso será cobrarles “derecho de uso” a quienes acostumbran colgar mantas del crimen organizado en distintos puntos de la ciudad. Porque, al parecer, en Chihuahua hasta los espacios públicos ya encontraron la forma de convertirse en negocio.
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