MIENTRAS los habitantes de Tutuaca levantaban la voz para advertir que camionetas con hombres armados recorrían la zona con absoluta tranquilidad, las autoridades parecían practicar el viejo deporte nacional de mirar hacia otro lado. Los reportes, según los propios pobladores, no eran rumores de cantina: hablaban de presuntos laboratorios clandestinos, uno instalado en una vivienda y otro en una cueva, además de un constante ir y venir de vehículos escoltados por hombres con armas de alto poder. Pero al parecer, para algunas corporaciones, un convoy de sicarios ya forma parte del paisaje serrano.
La realidad terminó explotando de la peor manera. Un enfrentamiento entre grupos criminales dejó cinco personas muertas y cinco vehículos calcinados en el poblado de Tutuaca, en el municipio de Dr. Belisario Domínguez. De acuerdo con la información oficial, entre las víctimas se encuentran Jesús Adán R. G., de 30 años, originario de Tasajera, Sinaloa; Carlos A. C., de 36 años, de Coatzacoalcos, Veracruz; Lorenzo A. L., de 45 años, originario de Urique; Luis Alberto N. S., de 34 años, de Cuauhtémoc, mientras que un quinto cuerpo permanece sin identificar debido a que quedó calcinado y será necesario realizar pruebas genéticas. A la escena de la masacre llegaron las autoridades 10 horas después.
Las versiones de los habitantes señalan que los laboratorios son operados por el grupo conocido como “Los Tigres” o “Gente Nueva del Tigre”, presuntamente aliado con “La Mayiza”, y que el ataque habría sido perpetrado por un grupo antagónico conocido como “La Línea”. Si esta versión resulta confirmada por las investigaciones, el enfrentamiento sería la consecuencia de los ‘narcolaborarlos’ que todos conocen donde están, sobre todo la Guardia Nacional, pero hasta la fecha no han actuado. Esto es lo verdaderamente alarmante.
Los centros de operación criminal parece que cerraron después del estruendo de las balas y del humo de los vehículos incendiados. Va pasar lo mismo que pasó con los pobladores que denunciaron el laboratorio por Majalca.
MIENTRAS el discurso oficial insiste en que “primero los pobres”, en los hechos el tijeretazo presupuestal al Órgano de Administración Judicial (OAJ) parece ir exactamente en sentido contrario. El organismo encargado de administrar los recursos, el presupuesto, la infraestructura y la carrera judicial del Poder Judicial inició una serie de despidos en distintas entidades del país, una decisión que no sólo afecta a trabajadores, sino que amenaza con golpear directamente el acceso a la justicia de quienes menos posibilidades tienen de pagar un abogado. Todo apunta a que los despidos no fueron una reacción de último momento, sino una decisión planeada con anticipación, luego de que días antes se autorizaran los oficios correspondientes para concretar la reducción de plazas.
El problema va mucho más allá de un ajuste administrativo. Entre las áreas afectadas se encuentra la encargada de elaborar los estudios socioeconómicos que determinan si una persona reúne las condiciones para recibir gratuitamente un defensor público o asesoría jurídica. Es decir, quienes podrían terminar esperando más tiempo por una resolución son víctimas de violencia, adultos mayores, integrantes de pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes y ciudadanos en condición de pobreza, precisamente los sectores que más dependen del respaldo del Estado para hacer valer sus derechos.
La pregunta es inevitable: ¿quién realizará ahora esos estudios?, ¿qué estrategia existe para evitar que los expedientes se acumulen y se retrasen los servicios de defensoría pública? Hasta el momento no se ha informado cómo se absorberá esa carga de trabajo ni qué medidas se implementarán para impedir que los recortes administrativos se conviertan en un obstáculo para acceder a la justicia.
Si la austeridad termina cerrando la puerta a quienes necesitan un abogado de oficio, el ahorro presupuestal podría salir mucho más caro que cualquier nómina. Porque una cosa es reducir gastos y otra muy distinta convertir el derecho a la justicia en un privilegio reservado para quien pueda pagarlo. El discurso de proteger a los sectores más vulnerables pierde fuerza cuando las decisiones administrativas terminan afectando precisamente a quienes más necesitan el respaldo institucional.
Escríbanos al correo electrónico de SIN PELOS EN LA LENGUA: [email protected]