Chihuahua.- Enfrascados en una discusión política y personal, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobaron este jueves que sea la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación la encargada de realizar un análisis de riesgo para otorgar o no protección a funcionarios y exfuncionarios, como lo ha solicitado el gobernador Javier Corral.
El pleito, como la mayoría de las veces en reuniones y sesiones, se dio entre la diputada panista Georgina Bujanda y el de Morena Gustavo de la Rosa cuando este se manifestó en contra de la aprobación, luego ella le reclamó que él tuvo en su momento escoltas por estar en riesgo, a lo que él trató de explicar su experiencia y fue rechazado por sus compañeros, la mayoría panistas que incluso solicitaron se borrara del acta debida sus comentarios.
La iniciativa fue presentada bajo el galimatías de buscar fortalecer la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, pero en términos llanos busca que se le otorguen cuatro años de protección, escoltas y vehículos especiales a cargo del erario para sí mismo y para varios funcionarios de su gobierno que pronto entrarán en el desempleo.
Se detalló también la propuesta que envió el coordinador de Morena Miguel Colunga para que los funcionarios se acojan al mecanismo que existe ya para proteger a personas en riesgo, que se acordó integrar al expediente que será analizado por la fiscalía especial.
