México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió el 15 de julio al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar en todo el país la forma en que este crimen se investiga, sanciona y atiende. La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión y busca, según explicó la mandataria, garantizar que todas las fiscalías del país trabajen bajo los mismos criterios y evitar que estos casos sean catalogados erróneamente como suicidios.
De acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien detalló el contenido de la iniciativa, la ley homologa el tipo penal al establecer que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. El texto contempla diez razones de género que configuran el delito, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, motivación por estereotipos o prejuicios, y contextos de asimetría de poder.
La iniciativa también incorpora 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad, aplicables, por ejemplo, cuando la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, cuando el crimen sea cometido por una persona servidora pública, o cuando existan signos de violencia extrema como ataques con ácido o sustancias inflamables. Además, la ley prohíbe excusas absolutorias o atenuantes y establece que el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, sin que procedan criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.
Sheinbaum subrayó que el feminicidio registra actualmente una disminución del 36% respecto a 2021, aunque remarcó que la meta es que no se registre ni un solo caso en el país. La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que la propuesta parte de investigar con debida diligencia y perspectiva de género, con análisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y la fiscalía especializada durante todo el proceso penal.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, indicó que la ley reconoce de forma integral los derechos de las víctimas y sobrevivientes, entre ellos el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, atención para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, servicios de traducción e interpretación, y la entrega digna del cuerpo de la víctima.