Noticias de Chihuahua.- Asegurando que se trata de un tema técnico que debe de analizarse y discutirse por expertos y en el que “no cabe la politiquería”, la diputada del Partido Acción Nacional Georgina Bujanda dijo que para la asignación de escoltas a funcionarios que dejarán su cargo en breve, es necesario un análisis de riesgo que determine quienes son sujetos a recibir protección, por cuanto tiempo y el número de elementos asignados.
Desde la Comisión de Seguridad Pública que preside, agregó que “trabajaremos de la mano de diversas organizaciones de la sociedad civil, academia y gobierno para dictaminar la propuesta de la mejor manera”, y así dotar de escoltas tanto al gobernador del Estado Javier Corral, como al fiscal César Peniche, el secretario general de Gobierno Luis Mesta y el comisionado de Seguridad Estatal Emilio García.
Según ella, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que “la evaluación de riesgos es un proceso que ayuda a determinar la naturaleza y el alcance de ese riesgo, mediante el análisis de amenazas y la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad existentes que podrían resultar en daños a las personas expuestas y a los bienes, servicios, medios de subsistencia y medio ambiente de los que dependen”.
Por ello, una evaluación completa de los riesgos no sólo evalúa la magnitud y la probabilidad de pérdidas potenciales sino que también explica de las causas y el impacto de esas pérdidas. La evaluación de riesgos es, por lo tanto, parte integral de los procesos de toma decisiones.
Afirmó que en otros estados como Guanajuato, Jalisco y Nuevo León contemplan dentro de su legislación local la protección de ex funcionarios, por lo que serán también motivo de análisis para poder hacer un estudio de derecho comparado.
En Chihuahua, en 2016 se autorizó al ex gobernador César Duarte la asignación de escoltas, pero al año siguiente la Fiscalía General del Estado que encabeza el propio César Peniche, quien ahora busca ser protegido con la medida, autorizó retirarlos al considerar que no era necesario que Duarte siguiera bajo protección oficial.