LA iniciativa presentada desde el 7 de septiembre por el Grupo Parlamentario de Morena, para que se llamara a comparecer a la fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Gema Chávez, e informara las causas para retirar la petición de formular imputación en contra de María Eugenia Campos Galván, fue rechazada este jueves.
A consideración de la Junta de coordinación política “en su oportunidad, la referida funcionaria declaró e hizo del conocimiento de la sociedad, los motivos por los que solicitó se dejara sin efectos la solicitud, por la que se pidió formulación de imputación contra Campos Galván”.
Además, el dictamen señala que Tribunal Superior de Justicia publicó un extracto este 27 de agosto, en el que se tuvo por retirada la petición de formular imputación, por las razones que documenta en el escrito el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por tanto, “consideramos que resulta innecesario llamar a comparecer a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a expresar lo que ya se asentó en el escrito de referencia, ante la autoridad competente para ello, además de haberse ventilado lo concerniente a este asunto, en los medios de difusión en todas sus modalidades, lo que colma la pretensión de los iniciadores”.
YA es por demás las iniciáticas inútiles, donde los diputados solo pierden su tiempo y el de los demás solo por querer llamar la atención. Ahora por no justificar cabalmente su propuesta de abrogar la Ley de Cultura de la Legalidad para el estado de Chihuahua, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminó como INUTIL la iniciativa presentada por el diputado del partido Movimiento Ciudadano Francisco Adrián Sánchez Villegas.
En el dictamen, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, se argumentó que este ordenamiento constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de acciones tendientes a promover la cultura de la legalidad en el estado y representa un mecanismo necesario para fortalecer la prevención del delito en la sociedad chihuahuense.
En su presentación, el diputado no ofreció mayores fundamentos más que “el exceso de leyes que existen en el estado de Chihuahua, ha provocado que ciertas leyes se encuentren obsoletas”, como esta ley, decretada en tiempos de Cesar Duarte en abril del 2011, pero que “en la actualidad ha quedado obsoleta, con mecanismos obsoletos que buscan impulsar la cultura de la legalidad, su promoción, enseñanza y fomento mediante la creación de comités con puestos honoríficos”, que sin embargo, “no se han implementado desde hace cinco años”.
De acuerdo con el dictamen, el secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya Chávez hizo llegar al Congreso un documento con algunas puntualizaciones sobre el asunto, como que “la cultura de la legalidad es un conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes que la persona tiene” y que dentro de la Secretaria a su cargo, se cuenta con el programa de “Integración del Consejo Estatal para impulsar la cultura de la legalidad en el estado de Chihuahua”, cuyo objetivo es fomentar y promover dicha cultura, construir ciudadanía y fortalecer la cohesión social en los municipios prioritarios para el Plan Estatal de Desarrollo; así como generar políticas públicas para la cultura de la legalidad, organizar y consolidar la participación ciudadana e involucrar de forma coordinada a los distintos sectores sociales.
Loya Chávez advirtió además, como en este mismo espacio se hizo, que en la iniciativa no se justifica el que se abrogue la Ley en cuestión, ya que solo menciona que los recursos humanos que se utilizan para la implementación de los consejos para impulsar la cultura de la legalidad se pueden integrar a áreas más prioritarias, pero no señala cuáles.
También la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la misma Secretaría, Rosa Isela Gaytán, destacó que el Departamento de Fomento a la Cultura de la Legalidad y la Cohesión Social realiza una serie de tareas fundamentales para la sociedad chihuahuense, por lo que no se justifica la derogación planteada por Sánchez Villegas con el argumento de que “hay muchas leyes obsoletas”.
TODO parece indicar que el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, Luis Corral Torresdey esta nomás de adorno, haciéndole competencia a su antecesora.
Indican a Sin Pelos en la Lengua que existe una desesperación por el maltrato, humillación y amedrentamiento de las que se dicen titulares de esa dependencia con el asunto de las inspecciones a guarderías.
Señalan que la jefas de las áreas Operativas, y Revisión de Programas Internos, Saira Violeta J. Rayenary G., respectivamente andan en un modo de divas, debido que obligan a los inspectores a hostigar sin fundamento durante las inspecciones a diferentes inmuebles incluyendo las guarderías con el fin de amedrentar a los encargados realizándoles preguntas y cuestionándolos como si fueran ellos inspectores de Secretaria del Trabajo.
A la falta de un extintor o la capacitación, llegan los “arreglos” y eso no es benéfico para la dependencia que dirige Corral Torresdey, quien solo está sentado de 8 a 4 de la tarde “llamando a sus amigos los bomberos para ofrecerles trabajo, poniendo a Saira como la responsable”, señalan.
Así mismo cuando los inspectores se quejan de sus funciones de “terror”, son invitados a ir con Kiko Chávez en Palacio de Gobierno para que les quite su contrato de trabajo al finalizar diciembre.
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