Se trata de la recomendación 41/2016 para la que la CEDH dijo haber encontrado evidencias suficientes para “acreditar la violación al derecho a la libertad, en la modalidad de detención ilegal en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, así como violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en la modalidad de debido proceso”.

Ahí, se le pide al alcalde Javier Garfio que gire las instrucciones necesarias a fin de que se restaure el procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades, en contra de los servidores públicos implicados en los hechos, tomando en cuenta las evidencias y razonamientos esgrimidos y se considere la reparación del daño.

Además, se le solicita que se ordene iniciar el procedimiento tendiente a la supresión del antecedente policiaco, y para que se garantice que hechos así no vuelvan a suceder.

El municipio deberá informar en los primeros 15 días si acepta las recomendaciones y entregar entonces las pruebas correspondientes de que las ha cumplido.

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