– Policías Estatales vigilan funcionarios, no a la ciudadanía
– Piden aclarar contrato millonario para obra de teatro
– Limpian el camino

CON razón la seguridad en Chihuahua está peor cada día. No se había visto tanto tanta derrama de sangre desde el sexenio de Reyes Baeza, y las estadísticas lo demuestran.

Una de las tantas causas es la poca vigilancia a pesar de haber muchos elementos policiacos estatales, ¿pues cómo es eso?, pues cada vez son menos agentes de la policía estatal que se dedican a la vigilancia de la ciudadanía, ya que los pocos elementos que hay con frecuencia son enviados a cuidar a los guarros de la funcionarios del gobierno del estado, siendo la más vigilada, la gobernadora Maru Campos, cuando anda de gira por los municipios.

Resulta que como la mayoría de los guarros de la gobernadora son policías municipales de Chihuahua, pues no saben y no conocen otras regiones del estado y, por ello, piden que policías estatales les “hagan el paro”, tanto pa’ que no se pierdan como también para que los cuiden de los malandros.

Además de contar con seguridad de policías, los guarros de la gobernadora están recibiendo unos 60 mil pesos por mes, de los sueldos del Municipio y del Estado, más compensación y bonos de quién sabe por cuantas cosas.

AL decirse sumamente preocupada por lo que está pasando en el tema cultural con el contrato entregado de manera directa a un solo creador por más de 34 millones de pesos para una obra de teatro, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez propuso hoy exhortar al Municipio de Chihuahua y al Gobierno del Estado para que informen las fuentes de financiamiento y el procedimiento de adjudicación del contrato ICM-JUR-18/2022, beneficiando a Alberto Espino.

Recordó que la semana pasada se aprobó un exhorto para que la Secretaría de Cultura aclare las razones financieras por las que se canceló el Festival Internacional Chihuahua, FICH, después de 17 ediciones, y esta alegó que se suspendió con la intención de pagar la deuda a creadores, generar confianza en el sector y replantear el evento para el próximo año, pero “esto ha resultado ser un argumento falso”, dijo.

Esto, debido a que “esta semana el Gobierno Municipal de Chihuahua en mancuerna con el Gobierno del Estado, anunciaron una obra que se presentará los fines de semana de noviembre solamente en la capital, cuyo contrato, firmado en junio, fue adjudicado de manera directa a la compañía AEFE, por la cantidad de 34 millones 800 mil pesos, es decir, cada función representará un gasto de casi 3 millones de pesos”.

Resaltó que los propietarios de AEFE son Alberto Luis Espino de la Peña, presidente del Consejo de Administración y Federico Elías, dueño de la inmobiliaria CTU y a quien la ahora gobernadora otorgó varios contratos y permisos para la construcción de fraccionamientos y edificios.

Señaló que la ya sumamente famosa obra “El príncipe y la golondrina” por sí sola supera el costo de todo el FICH en 2017 (35 millones de pesos), y supera el presupuesto erogado en el 2018 y 2019, que fue de 19 y 17 millones de pesos, de manera respectiva; y según lo dicho por la  titular del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Fernanda Bencomo, el Gobierno del Estado financió la mitad del contrato.

Dijo que activistas culturales, artistas, ciudadanas y ciudadanos del estado, se han manifestado como inconformes ante ese uso desmedido del recurso público para financiar una sola obra, ya que que no se está tomando en cuenta a todo el sector cultural y artístico estatal, y que el Gobierno del Estado solo está siendo mecenas de una sola compañía, por lo que pidió se explique y se aclare la situación.

Ya de paso, propuso exhortar también al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, para que informe al Congreso sobre el Programa Sectorial de Cultura, así como sobre el Sistema Estatal de Información Cultural y los acuerdos tomados por el Consejo Consultivo Ciudadano.

DESDE hace día anunciamos en Sin Pelos en la Lengua la inminente salida de prisión del exsecretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta, quien está involucrado en la corrupción del gobierno de César Duarte. Anoche fue vinculado a proceso por su presunta participación en el desvío de 15 millones de pesos a través de una compra de mentiras.

Por ello, la juez indicó que todo estaba en orden, pero podría llevar su proceso desde su residencia que compró con la supuesta compra de avena, para el programa de semilla subsidiada, y cuyo dinero se “clavó”.

El ex de Duarte de 74 años será investigado por 4 meses, pero los cuales estaría en la comodidad de su casa, todo ello con miras a que su exjefe tenga el mismo derecho.

 

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