Chihuahua.- A partir de las ocho de la mañana, se realiza la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para discutir la situación de inseguridad y la falta de atención por parte de las autoridades, que existe en la comunidad rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo.
El caso viene desde 2016, cuando Choréachi se convirtió en la primera comunidad en obtener medidas de protección comunitarias; medidas que hasta el día de hoy no han sido aplicadas por las autoridades emplazadas.
Desde el 21 de marzo de 2017, se solicitó al Estado que, a más tardar el 24 de marzo de 2017, remitiera información precisa sobre la situación planteada por la Comisión, y que permitiera identificar con certeza la comunidad indígena de Choréachi, así como sobre las medidas específicas adoptadas por el Estado respecto a la vulneración a los derechos humanos.
La Comisión afirmó que esta comunidad “es denominada una ‘comunidad de hecho’ en tanto no cuenta con reconocimiento legal del Estado mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio”, por lo que desde entonces existe una disputa ante un tribunal agrario interno por un área que sería parte del territorio ancestral de los rarámuri de Choréachi, debido a una dotación de tierras realizada por las autoridades del Estado en 1969, a una ‘comunidad mestiza’ denominada ‘Coloradas de los Chávez’, a los que se les habría otorgado un permiso para talar el bosque ubicado en los territorios ancestrales.
Por ello, desde 2013 hasta ahora la Comunidad Choréachi viene siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, y se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico, lo que continuó a pesar de la adopción de medidas cautelares, adoptadas el 6 de octubre de 2014 por parte de la Comisión.
Así, desde entonces se han sucedido agresiones, violaciones a derechos humanos, enfrentamientos y hasta asesinatos de al menos seis personas, todo ante la omisión del Estado Mexicano, ya que según la Comisión, “si bien el Estado mexicano ha respondido formalmente a las medidas cautelares y reiterado su disposición de dar cumplimiento a las mismas, la información aportada en el marco de dicho trámite refleja que pese al tiempo transcurrido, no se han adoptado medidas adecuadas y efectivas para atender la situación de seguridad de la comunidad, que deben ser adoptadas de manera urgente y con un enfoque diferenciado que atienda las necesidades particulares de las personas beneficiarias”.
