LA presidencia del Congreso del Estado no puede convertirse en un cargo decorativo ni en una oficina de apariciones esporádicas. Quien encabeza uno de los tres Poderes del Estado tiene la responsabilidad de informar, conducir debates y demostrar conocimiento pleno de los temas que impactan a Chihuahua. Por eso llama la atención que desde febrero no existan nuevas “noticias de la Presidencia” en la gaceta parlamentaria, un vacío que alimenta la percepción de una gestión apagada y distante.
Las críticas hacia el presidente del Congreso de Estado e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Guillermo Ramírez, no surgen únicamente por la falta de actividad visible, sino también por la imagen que proyecta ante los medios de comunicación. Cada entrevista parece convertirse en una colección de evasivas, respuestas indefinidas o el recurrente “lo estamos analizando”, incluso en asuntos que deberían dominarse con claridad desde la presidencia legislativa.
El problema no es solo de comunicación política. La presidencia del Congreso representa a 33 diputados y funge como rostro institucional del Poder Legislativo. Cuando quien ocupa el cargo transmite desconocimiento o falta de firmeza, inevitablemente se deteriora la percepción pública sobre todo el Congreso, una institución ya golpeada por la desconfianza ciudadana y el desgaste político.
La ciudadanía espera líderes preparados, activos y con capacidad de responder de frente a los problemas del estado. Permanecer ausente en la agenda pública o responder con ambigüedad permanente no fortalece al Congreso; lo debilita.
LA inconformidad de ex policías municipales que denuncian trabas para acceder a prestaciones laborales refleja un problema que no puede minimizarse ni esconderse detrás de trámites burocráticos. Cuando un elemento es dado de baja, independientemente de las circunstancias, tiene derecho a recibir la información y documentación necesaria para reclamar fondos y prestaciones que por años aportó con su trabajo. Negar u obstaculizar ese proceso no solo genera enojo; también deja en incertidumbre a familias completas que dependen de ese ingreso para sobrevivir.
Los señalamientos contra el titular de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, Enrique Santos Balderrama, deben ser revisados con seriedad por las autoridades municipales. Los ex agentes aseguran que se les niega el oficio necesario para solicitar su Fondo Propio en el IMPE, argumentando que se trata de conceptos distintos de pago. Sin embargo, más allá de interpretaciones administrativas, el tema de fondo es el derecho laboral y humano de quienes durante años formaron parte de las corporaciones de seguridad.
Resulta preocupante que mientras se exige a los policías arriesgar su vida en las calles, al momento de salir de la corporación algunos terminen enfrentando obstáculos para acceder a recursos que consideran legítimos. Las áreas correspondientes tienen la obligación de revisar a fondo estos señalamientos. No hacerlo solo aumentará la molestia social y la percepción de que la burocracia se ha convertido en un muro contra trabajadores que hoy luchan por mantener el sustento de sus hogares. Porque detrás de cada expediente retenido, hay hijos, deudas, renta y comida que no pueden esperar a que alguien decida firmar un documento.
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