AYER en La Parada Digital se informó que la diputada de Morena Rosana Díaz Reyes presentó dos iniciativas relacionadas con accidentes de tránsito, una para catalogar como falta grave, conducir desproporcionadamente a exceso de velocidad y la otra para aumentar una mitad la pena tratándose de lesiones y homicidio imprudencial por ese exceso de velocidad.
Posterior, y muy similar a lo que presentó la morenista, la diputada del Partido Acción Nacional Ana Margarita Blackaller propuso un exhorto ante el Congreso de la Unión aumentar las penas de homicidio imprudencial, cuando se cometa debido a la conducción de vehículos por personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Se trata de una propuesta para reformar el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de acuerdos reparatorios; y el artículo 138 del Código Penal del Estado, a fin de que quienes cometan un delito de este tipo puedan tener una pena mayor.
“Las personas que deciden tomar el volante aun sabiendo estar en estado de ebriedad o haber consumido sustancias, saben que están en una circunstancia especial y aun así deciden hacerlo, por lo que podrían tener una pena de 12 a 25 años de prisión, pero no hay una limitante en la legislación”, señaló.
Dijo que a pesar de las campañas que se emprenden desde los gobiernos y de las penas ya establecidas en la legislación local, los accidentes siguen registrándose por lo que propuso que no se permitan los actos reparatorios cuando se trate de una conducta reiterativa o cuando se trate de violencia familiar.
LA instalación de un medidor de agua evitara otro enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional en la presa La Boquilla. Con ello, los campesinos observaran la cantidad exacta de agua entregada a Estados Unidos. Todo ocurre por qué la Federación ha estado sacando de más agua a los gringos, viéndoles la cara de pensantes a los ciudadanos de los municipios de Saucillo, Delicias, San Francisco de Conchos, Meoqui, Coronado, López, Julimes y Rosales.
Todo ocurre en el inicio del ciclo agrícola 2023 en el embalse ubicado en el Municipio de San Francisco de Conchos, en la región centro-sur de la entidad.
OTRA VEZ cajeteandola el diputado del Partido Revolucionario Institucional al confundir la gimnasia con la magnesia. Y es que a Omar Bazán se le hizo fácil barajar al Servicio de Administración Tributaria, SAT, con una secretaría de gobierno.
El legislador priista presentó un exhorto dirigido a la “Secretaría de Administración Tributaria, Delegación Ciudad Juárez”, para que se apoye a los migrantes a brindarles mayores facilidades en los trámites correspondientes para que puedan obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y con ello les sea posible el pago de sus salarios.
Aun cuando en el texto de la iniciativa sí habla de manera correcta del SAT, y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la gaceta parlamentaria se anotó de manera errónea la inexistente Secretaría de Administración Tributaria.
Señaló que la migración hacia Estados Unidos de menores, mujeres y hombres representa las consecuencias de la falta de iniciativas para corregir las causas del mismo, y el cruce fronterizo de Ciudad Juárez hacia el Paso, representa una de las zonas con mayor dinamismo dentro de la tradición migratoria mexicana, por lo que esa frontera seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y emigrantes que buscan mejores expectativas de vida para ellos y sus familias.
Como dato de cultura general, dijo que el RFC es una clave única de registro que sirve para identificar a toda aquella persona que realiza una actividad económica y deba contribuir con el gasto público ante el SAT, necesaria tanto para facturar como para cobrar en algunos casos, como aseguró, haciendo referencia a lo dicho por la Coparmex, “para que la nómina sea deducible de impuestos debe llevar un timbrado ante Hacienda y para poder timbrar la nómina necesitas el RFC del trabajador, motivo por el cual muchas empresas no pueden contratar migrantes».
Por ello, consideró importante que “se les de la facilidad a los migrantes que decidan integrarse al campo laboral para que puedan obtener su RFC, con ello se beneficia a que obtengan una mayor calidad de vida, más oportunidades y se ayuda a que las empresas que desean contratarlos no tengan impedimentos al momento de solicitar la documentación necesaria para darlos de alta como sus empleados”.
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