AYER sonó fuerte el caso de los cuatro guardias de traslado de valores acusados de robar dos millones de dólares en plata supuestamente sustraída de Matamoros. El operativo fue presentado como un gran golpe policial, con detenidos, armas aseguradas, un camión de valores y toneladas de mineral recuperadas. La historia parecía perfecta para presumir resultados, colgarse medallas y tomarse la foto del triunfo.
Quien se paró el cuello fue la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Sur. El fiscal Guillermo Hinojos Hinojos apareció como el hombre que resolvió el caso. Hasta ahí todo suena muy bien. El problema viene cuando comienzan a aparecer las dudas, las inconsistencias y las preguntas incómodas. Porque si el asunto no está bien integrado, si las pruebas no resisten el escrutinio judicial, el espectáculo puede terminar en un ridículo monumental: detenidos liberados, disculpas obligadas y hasta la posibilidad de que recuperen sus empleos después de semejante quemadón público.
Y es que poco a poco parece salir a la luz una historia muy distinta a la que se presentó inicialmente. La AEI presumió la recuperación de dos toneladas de precipitado de plata valuadas en aproximadamente dos millones de dólares. Sin embargo, detrás de la denuncia aparece un personaje que no pasa desapercibido: el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, propietario del complejo minero afectado y actor político que mantiene vivas sus aspiraciones en el Estado de Chihuahua, Parral y más allá.
La denuncia por el supuesto robo fue presentada por el propio Lozoya, empresario minero del Grupo Minero Lozoya. Pero en los pasillos comienza a correr otra versión, una que apunta a posibles conflictos internos, diferencias personales o disputas comerciales que nada tendrían que ver con la película de asalto espectacular que se intentó vender a la opinión pública. Ósea todo fabricado por ‘El Caballo’.
Y aquí es donde la historia empieza a hacer agua por todos lados.
Según la versión oficial, cuatro guardias de SEPSA Custodia de Valores habrían participado en el robo de un cargamento multimillonario. Hilario C. C., Ricardo C. P., Joel L. M. y Alejandro A. M. aparecen señalados como responsables. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿de verdad cuatro custodios podían sacar dos toneladas de material de una operación minera sin que nadie se diera cuenta?
Porque estamos hablando de minas que cuentan con vigilancia privada, controles de acceso, cámaras, registros de entrada y salida, supervisión permanente y protocolos de seguridad. No precisamente de una tienda abandonada donde cualquiera entra y sale cargando costales.
La versión oficial pretende que cuatro empleados realizaron el robo del siglo utilizando el mismo camión de la empresa, portando las armas de trabajo que normalmente utilizan en sus funciones y atravesando controles sin despertar sospechas. Una historia que, para muchos, parece más una película de bajo presupuesto que una explicación convincente.
Además, resulta difícil imaginar cómo dos toneladas de material pueden desaparecer mágicamente, cargarse, transportarse y moverse por diversos puntos de revisión sin generar alertas, sin registros claros y sin que absolutamente nadie note algo extraño. Dos toneladas no caben en una mochila ni se esconden debajo de una chamarra.
Y mientras las dudas crecen, la empresa SEPSA parece guardar silencio, dejando solos a sus trabajadores frente a una tormenta mediática y judicial. Una situación que también genera cuestionamientos sobre el respaldo legal y laboral que deberían recibir mientras se esclarecen los hechos.
Lo cierto es que detrás de los boletines triunfalistas todavía existen demasiadas preguntas sin respuesta. Preguntas que ni las fotografías de los aseguramientos ni las conferencias de prensa han logrado disipar.
Porque cuando una historia parece demasiado perfecta para ser cierta, normalmente es porque todavía falta conocer la otra mitad del cuento.
LA líder estatal del Partido Acción Nacional Daniela Álvarez, cuya relación en su momento con el senador Mario Vázquez se dio conocer en plena sesión del Congreso por una indiscreción de él, ahora fueron sus declaraciones sobre el embarazo de la senadora Andrea Chávez levantaron mucha ámpula en redes sociales por lo miserable, y es que trasladan el debate político a un terreno personal que difícilmente aporta a la discusión pública. Más allá de las diferencias partidistas, la salud de una mujer embarazada y las decisiones relacionadas con su maternidad pertenecen únicamente a su ámbito personal, y el que Daniela dijera ayer que el bebé de Andrea “está por nacer, y yo no sé dónde irá a nacer. Esa es otra pregunta porque hay muchas emociones fuertes, ¿qué tal si se le ocurre cruzar a Estados Unidos y luego le den un susto (por el posible retiro de la visa) y pues la criatura se adelante o algo, entonces yo creo que tendrá que ser cuidadosa”, ni venía al caso ni tiene sentido y además está muy cerca de catalogarse como violencia de género.
Pero hace mucho tiempo que de un lado y otro se han olvidado que la crítica entre actores políticos debe centrarse en acciones de gobierno, posturas públicas y decisiones políticas, pero cuando la conversación gira hacia aspectos personales o familiares, es porque ya de plano se acabaron las ideas o las neuronas.
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